Los registros oficiales sitúan la construcción de vivienda pública bajo el mandato de Sánchez en mínimos históricos

Según los datos históricos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la administración de Pedro Sánchez registra las cifras de construcción de vivienda pública más bajas del periodo democrático. De las 2.431.766 viviendas protegidas finalizadas en España entre 1981 y el cierre del presente ejercicio, 78.735 han sido terminadas durante el actual mandato, lo que representa el 3,2% del total acumulado en los últimos 45 años.

La serie estadística refleja una media de 9.842 inmuebles de carácter social por ejercicio bajo la presidencia de Sánchez. Estos números contrastan con los objetivos comunicados por el Ejecutivo en julio de 2023, cuando se anunció el compromiso de levantar 183.000 viviendas, destinando la mitad de ellas a la población joven. Durante el debate parlamentario de los últimos decretos en el Congreso de los Diputados, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoció la necesidad de avanzar en la creación de un parque público sólido, admitiendo que existen tareas pendientes en la materia.

En la comparativa por mandatos, el periodo de Felipe González (1982-1996) encabeza la serie histórica con un total de 1.057.506 viviendas sociales terminadas, lo que supone un promedio anual de 81.347 unidades. Le sigue José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuya gestión se edificaron 498.982 inmuebles (62.373 de media anual), y José María Aznar, con 477.410 viviendas (59.676 de media). Por su parte, la administración de Mariano Rajoy finalizó 105.424 casas protegidas, con un promedio de 17.571 por año.

El registro anual más bajo del actual mandato se produjo en el primer año de Sánchez, con 5.191 viviendas, mientras que el pico máximo se alcanzó en 2024 con 14.371 unidades finalizadas. Pese al incremento en el último año, el volumen total se mantiene alejado de las metas de «movilización» de activos. Desde el Ministerio se defiende la cifra de 120.000 viviendas «movilizadas», un concepto que abarca tanto inmuebles terminados como proyectos en construcción, avales y traspasos de activos del Patrimonio del Estado.

En el ámbito legislativo, el actual Gobierno destaca por haber impulsado la primera Ley de Vivienda de la democracia, aprobada en 2023, además de implementar medidas de apoyo directo como el Bono Alquiler Joven y una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 2.500 millones de euros para facilitar el acceso a la propiedad.

No obstante, la gestión ha recibido críticas desde la oposición en el Congreso. Grupos parlamentarios como Vox han señalado que la oferta de alquiler se ha reducido significativamente en los últimos cinco años. Durante las sesiones parlamentarias, se ha afeado al Ejecutivo la dependencia de entidades como Casa 47 para la gestión del parque público, así como el impacto de la burocracia y la carga impositiva en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, que pueden demorarse hasta 15 años desde su planeamiento hasta su ejecución.

El presidente Sánchez, en sus intervenciones en la Cámara Baja, ha insistido en que las medidas adoptadas buscan introducir «orden y humanidad» en el mercado inmobiliario. Aunque ha reconocido que los decretos no resolverán de forma inmediata todos los problemas habitacionales, ha subrayado que resultan fundamentales para mitigar la crisis del sector y evitar perjuicios mayores en la economía y la cohesión social del país.