El Estado abona una cifra récord de 6,7 millones de euros por responsabilidad patrimonial de la Justicia en 2025
El Estado español desembolsó un total de 6.727.369,51 euros durante el ejercicio 2025 en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta cuantía representa el máximo histórico registrado en la serie estadística del Ministerio de Justicia desde el año 2000, duplicando los 3.193.665,53 euros abonados en el año precedente, según datos obtenidos a través del portal de Transparencia.
Desde el inicio del siglo XXI, el desembolso acumulado por este concepto asciende a 78.049.823,59 euros. Del total pagado en 2025, el grueso de las indemnizaciones procedió de resoluciones dictadas por los tribunales en vía contencioso-administrativa, que sumaron 4.855.977,79 euros, frente a los 1.871.391,72 euros reconocidos por la propia Administración en vía administrativa tras las reclamaciones iniciales.
Incremento en los expedientes por error judicial
El repunte en el gasto coincide con un aumento en el volumen de expedientes de responsabilidad patrimonial iniciados. En 2025 se incoaron 911 procedimientos, lo que supone un incremento respecto a los 745 registrados en 2024. Del total de nuevas solicitudes, 588 correspondieron al funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, 166 a supuestos de prisión preventiva y 157 a errores judiciales.
Destaca especialmente el crecimiento de las reclamaciones por error judicial, que pasaron de 66 expedientes en 2024 a 157 en el último año evaluado. En cuanto al balance de resolución, durante 2025 se dictó decisión sobre 580 expedientes, de los cuales el 31,55% resultaron estimatorios (183 casos), reconociendo el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados, mientras que 397 fueron desestimados.
Análisis histórico y casos de excepcional gravedad
La evolución de estos pagos ha mostrado una trayectoria irregular desde el año 2000. Tras un periodo de relativa estabilidad, en 2009 se alcanzó un pico de 5,5 millones de euros, seguido de una caída pronunciada en 2020, cuando el gasto se situó en 569.858,81 euros. No obstante, a partir de ese ejercicio la tendencia ha vuelto a ser ascendente hasta alcanzar los niveles actuales.
En el ámbito de las resoluciones judiciales de mayor impacto destaca la indemnización de 2,5 millones de euros reconocida a Ahmed Tommouhi por el Tribunal Supremo. El ciudadano permaneció 15 años en prisión antes de que se declarase un error judicial cualificado en su condena por delitos de los que fue finalmente absuelto. La Sala ha fundamentado esta decisión en la omisión de pruebas periciales biológicas que, de haber sido valoradas adecuadamente, habrían excluido su participación en los hechos.
El alto tribunal ha calificado este caso de «excepcional gravedad», señalando que una privación de libertad tan prolongada determina una intensificación del sufrimiento moral y un impacto en la personalidad que requiere una compensación acorde a la pérdida de oportunidades vitales sufrida por el afectado.
