El Tribunal Constitucional se encamina a avalar la amnistía por malversación en las causas del ‘procés’
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) inicia este martes el debate de las ponencias referidas a los recursos de amparo interpuestos por los dirigentes independentistas Jordi Turull y Dolors Bassa. Según los borradores que se someterán a votación, el tribunal de garantías se encamina a avalar la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación, corrigiendo la interpretación restrictiva que realizó previamente el Tribunal Supremo para excluir esta conducta del perdón legal.
Las ponencias presentadas por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y el magistrado José María Macías coinciden en señalar que el Tribunal Supremo excedió los límites de la norma al denegar la medida de gracia. El Alto Tribunal había argumentado que en el caso del ‘procés’ concurría un beneficio patrimonial personal y una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea, supuestos que la ley establece como excepciones para la aplicación de la amnistía.
En el borrador relativo a la exconsejera Dolors Bassa, Conde-Pumpido sostiene que el Supremo realizó una interpretación «extensiva y contraria al espíritu» de la ley. El texto argumenta que las resoluciones impugnadas incurrieron en una aplicación «impredecible» de los preceptos legales, lo que habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente. Por este motivo, la ponencia propone que se declare amnistiado el delito de malversación con el carácter «preferente y urgente» que dicta la propia ley.
Por su parte, el magistrado José María Macías ha presentado una nueva propuesta sobre el recurso de Jordi Turull tras constatar que su tesis inicial, favorable a las tesis del Supremo, no contaba con el respaldo de la mayoría del Pleno. El nuevo documento señala que el Tribunal Supremo incurrió en una «quiebra lógica» al apartarse de la finalidad de la norma. La propuesta de Macías plantea anular las resoluciones que denegaron la amnistía al secretario general de Junts y dictar nuevos pronunciamientos que respeten los derechos fundamentales de legalidad penal y representación política.
La decisión que adopte el Tribunal Constitucional esta semana tendrá repercusiones directas sobre el resto de las causas pendientes relacionadas con el proceso independentista catalán. Al fijar una doctrina constitucional obligatoria, se despejaría el camino para que la amnistía alcance también al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, cuyos casos dependen de las decisiones que adopte el magistrado instructor Pablo Llarena en el Tribunal Supremo.
El objetivo institucional del Tribunal Constitucional es establecer un criterio jurídico «claro» que deba ser aplicado por los órganos judiciales ordinarios. De este modo, la sentencia busca garantizar un nexo de coherencia entre la voluntad del legislador, expresada en el tenor literal de la Ley de Amnistía, y la aplicación práctica de la misma por parte de los tribunales en los supuestos de malversación de fondos públicos sin enriquecimiento personal directo.
