El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene este lunes una agenda de alta intensidad marcada por la incertidumbre sobre un posible adelanto electoral. Tras el rechazo parlamentario a los decretos ley en materia de vivienda y la reciente movilización social en la capital, el Ejecutivo ha despejado la agenda oficial de la tarde, un movimiento que ha incrementado las expectativas sobre una comparecencia para anunciar la disolución de las Cámaras y la convocatoria de comicios generales.
La jornada ha comenzado para el jefe del Ejecutivo con la inauguración del Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar, previa a una reunión clave de la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede de Ferraz. Fuentes internas de la formación señalan que este encuentro servirá para testar el ánimo de las filas socialistas antes de que el presidente desvele su decisión final, prevista para el transcurso del día de hoy tras un periodo de reflexión durante el fin de semana.
La presión por un adelanto electoral no solo proviene de la oposición, sino de sectores del propio Partido Socialista que consideran oportuno capitalizar el actual clima de descontento social por el acceso a la vivienda. Tras el fracaso de los decretos el pasado viernes y la manifestación del sábado, que congregó a más de 70.000 personas en Madrid según la Delegación del Gobierno, diversos dirigentes consideran que acudir a las urnas de forma inmediata permitiría al PSOE mejorar su posición frente a las fuerzas de derecha.
Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado ha instado formalmente al presidente a no demorar la convocatoria. El principal partido de la oposición sostiene que la política de vivienda del Ejecutivo ha fracasado y que la única salida democrática es la consulta ciudadana. Por su parte, el espacio de Sumar ha reaccionado ante la eventualidad electoral acelerando sus plazos organizativos; la plataforma y sus aliados han previsto presentar formalmente su proyecto de «Frente Amplio» el próximo 17 de octubre.
En el plano jurídico y procedimental, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 42.1 que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de disolución en el Boletín Oficial del Estado. Bajo este marco normativo, de confirmarse hoy el adelanto, se barajan fechas como el 29 de noviembre o el 6 de diciembre para la cita con las urnas.
A pesar de que el propósito inicial de Pedro Sánchez era agotar la legislatura hasta julio, el bloqueo parlamentario de sus socios de investidura, especialmente de Junts en materia de vivienda, ha debilitado la estabilidad gubernamental. Mientras algunos sectores socialistas abogan por intentar nuevas vías de negociación exprés para frenar los desahucios —que alcanzaron los 25.540 lanzamientos el año pasado—, el escenario de una disolución anticipada cobra fuerza como salida política a la actual parálisis legislativa.
