La comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado retomará su actividad con la comparecencia de Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra de Economía del Gobierno de España. La citación, impulsada por el Grupo Popular, tiene como objetivo principal que Calviño rinda cuentas sobre su responsabilidad en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021.
Este órgano parlamentario, constituido formalmente el pasado 15 de enero gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, busca esclarecer presuntas deficiencias e irregularidades en la gestión de la SEPI. La reactivación de los trabajos se produce tras una serie de comparecencias previas en las que ya han participado cargos de relevancia como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
El origen de esta investigación se remonta a las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una causa de la Audiencia Nacional sobre contrataciones públicas. Dichas pesquisas derivaron en la detención de antiguos responsables vinculados a la administración y al sector empresarial. Paralelamente, la Policía Nacional detuvo a la cúpula directiva de Plus Ultra en una investigación independiente por presunto blanqueo de capitales, lo que intensificó el escrutinio sobre el carácter estratégico otorgado a la aerolínea para justificar el uso de fondos públicos.
Uno de los puntos de mayor fricción en la comisión es la solicitud de información relativa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El Grupo Popular ha requerido acceso a sus datos fiscales y patrimoniales desde el año 2011 hasta la actualidad, así como a su relación con diversas sociedades mercantiles. Los grupos de la oposición en la cámara buscan determinar si existió algún tipo de mediación en la operación de rescate a la aerolínea de capital venezolano.
No obstante, el Ejecutivo ha formalizado su negativa a facilitar dicha documentación. En un escrito de respuesta, el Gobierno argumenta que la petición no cumple con los requisitos legales establecidos en el Real Decreto-Ley 5/1994, que regula la cesión de datos tributarios a comisiones parlamentarias. Según el informe oficial, la información solicitada abarca un periodo en el que el afectado ya no ostentaba cargo público, por lo que no concurre la relación necesaria entre la investigación y el desempeño de sus funciones institucionales.
Finalmente, el Gobierno sostiene que la solicitud vulnera el deber de reserva impuesto por el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Al no acreditarse de forma fehaciente que los datos sean indispensables para el cumplimiento de la función de la comisión, la administración subraya la prevalencia de la protección de datos personales sobre el requerimiento parlamentario, lo que deja en manos de la Mesa de la comisión los próximos pasos jurídicos a seguir.
