Venezuela inicia fase de transición bajo tutela de EE. UU. y el impacto del sismo del 24 de junio

Tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, Venezuela atraviesa un proceso de reconfiguración política marcado por el plan de tres fases de la administración de Donald Trump y la reciente tragedia humanitaria provocada por los sismos del 24 de junio. Bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, el país se encuentra en una etapa de estabilización que prioriza el control de los recursos energéticos y la ruptura de alianzas con el eje euroasiático, mientras las fuerzas democráticas lideradas por la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, demandan una ruta clara hacia la democratización institucional.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha definido la estrategia norteamericana en tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Actualmente, la fase de estabilización se ha centrado en la administración directa de las exportaciones e ingresos petroleros por parte de Washington, asegurando que el flujo de hidrocarburos cese hacia aliados previos como Cuba y China, para integrarse en la seguridad energética del bloque occidental. No obstante, los indicadores económicos muestran un escenario crítico, con una aceleración de la inflación y una pérdida de poder adquisitivo que afecta a la mayoría de la población venezolana durante el primer semestre de 2026.

En el ámbito político interno, la gestión de Delcy Rodríguez ha mostrado signos de cooperación forzada con la Casa Blanca, implementando medidas limitadas de liberalización, como la promulgación de una ley de amnistía parcial y la excarcelación de aproximadamente 800 presos políticos. A pesar de estos gestos, persisten más de 400 detenciones por motivos políticos y la estructura del Consejo Nacional Electoral sigue siendo objeto de disputa. Mientras el gobierno estadounidense proyecta un horizonte electoral para finales de 2027, los sectores agrupados en el «Manifiesto de Panamá» insisten en la urgencia de restablecer plenamente el orden constitucional y garantizar el retorno de los exiliados.

La figura de María Corina Machado permanece como el principal referente de la oposición democrática tras su victoria electoral de julio de 2024, no reconocida inicialmente por el régimen anterior. Machado ha enfocado su gestión en mantener la unidad de las fuerzas ciudadanas y presionar por el cumplimiento de garantías civiles. Sin embargo, la reciente decisión de Washington de delegar ciertas negociaciones en la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, ha introducido nuevas variables en la interlocución entre los actores democráticos y la administración interina de los hermanos Rodríguez.

Este proceso de cambio político se ha visto impactado de forma drástica por los terremotos ocurridos el 24 de junio. Los seísmos han dejado un saldo preliminar de más de 50.000 fallecidos y una devastación estructural masiva en la región central del país, incluyendo Caracas y el litoral de La Guaira. El desastre natural ha obligado a un giro en las prioridades inmediatas tanto del ejecutivo interino como de la asistencia internacional, añadiendo una capa de complejidad humanitaria a un país que ya enfrentaba las secuelas de décadas de autocratización y una crisis migratoria sin precedentes.

Desde una perspectiva geopolítica, Venezuela ha dejado de funcionar como la «cabeza de playa» de las autocracias petroleras en América. La administración Trump ha priorizado recuperar la hegemonía en el hemisferio occidental, enfrentando la influencia de China y Rusia en la región. El éxito del plan de transición dependerá ahora de la capacidad de equilibrar la agenda de seguridad de Estados Unidos con las demandas de institucionalidad de la sociedad venezolana, en medio de las tareas de reconstrucción nacional tras el terremoto.