La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación por el borrado de correos de la exedil de Móstoles
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el archivo de la causa y ha ordenado al Tribunal de Instancia número 1 de Móstoles retomar la investigación sobre el borrado de la bandeja de entrada y archivos de correo electrónico de la exconcejala del Partido Popular (PP) en dicha localidad. La denunciante, quien ocupaba el cargo de edil, vincula este incidente con la querella interpuesta contra el actual alcalde, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral.
El tribunal considera que aún restan diligencias necesarias para esclarecer la autoría del acceso no autorizado a la cuenta institucional de la exconcejala. La resolución judicial anula el auto de sobreseimiento dictado en febrero de 2025, señalando que existen indicios técnicos que requieren una mayor profundización por parte de las autoridades competentes para determinar quién accedió a la cuenta y eliminó la información.
Los hechos bajo investigación se remontan al 7 de noviembre de 2024, fecha en la que se produjo la supuesta eliminación de mensajes oficiales. Este suceso tuvo lugar días después de que la entonces concejala mantuviera encuentros con dirigentes del PP de Madrid y del Gobierno regional para dar a conocer su denuncia sobre el comportamiento del regidor. Aunque la instrucción inicial fue archivada al no apreciarse evidencias de ejecución remota, la Audiencia destaca ahora la existencia de una dirección IP calificada como «sospechosa».
En el auto dictado el pasado 14 de septiembre, la instancia superior ordena al Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial de Madrid la localización exacta de dicha IP. Según el informe pericial, esta dirección pertenece al mismo rango de las utilizadas habitualmente por la denunciante en su entorno de trabajo, lo que sugiere que el acceso pudo realizarse desde la propia infraestructura de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
La investigación policial deberá identificar ahora qué persona física tenía asignada la citada IP en el momento de los hechos y analizar los posibles accesos realizados al buzón de correo. El objetivo judicial es el esclarecimiento total de los hechos en un contexto de conflicto laboral y personal que escaló en febrero de 2026, cuando la exedil formalizó su querella por delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Fuentes municipales de Móstoles han expresado su «máximo respeto a las decisiones judiciales». El consistorio ha recordado que el procedimiento fue archivado originalmente en primera instancia y que la decisión actual de la Audiencia se limita a la práctica de nuevas diligencias técnicas para agotar la vía de investigación iniciada tras la denuncia original de 2024.
