Hacienda aplaza la obligatoriedad de ‘Verifactu’ hasta octubre de 2028 para unificarla con la factura electrónica
La Agencia Tributaria ha acordado posponer la entrada en vigor del sistema de facturación verificable, conocido como ‘Verifactu’, hasta octubre de 2028. Esta decisión técnica, comunicada por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo principal sincronizar su implementación con el calendario de la factura electrónica obligatoria, permitiendo que pymes y autónomos realicen una única transición tecnológica en lugar de adaptaciones sucesivas.
El nuevo cronograma desplaza la fecha inicialmente prevista, que situaba la obligatoriedad para las empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades en enero de 2027 y para el resto de autónomos en julio del mismo año. Con este ajuste, el Gobierno alinea los plazos del Reglamento de sistemas informáticos de facturación con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual sea inferior a los ocho millones de euros.
Según la nota informativa de la Administración Tributaria, esta convergencia técnica y normativa busca simplificar las obligaciones de los contribuyentes. Además, la modificación contempla los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (IVA en la Era Digital), que será de obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030. Hacienda ha precisado que, pese al aplazamiento, se mantendrán las garantías de integridad, conservación, accesibilidad e inalterabilidad de los registros exigidas por el Real Decreto 1007/2023.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha recibido la noticia como un avance necesario. Su presidente, Lorenzo Amor, ha señalado que la organización venía reclamando esta sincronización para evitar una carga operativa innecesaria. Según ATA, carecía de sentido implantar un sistema de facturación digital para, apenas un año después, obligar al colectivo a adoptar un marco tecnológico distinto bajo la Ley Crea y Crece.
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) también se ha valorado el anuncio, recordando que la entidad ya presentó el pasado mes de junio una propuesta de hoja de ruta ante los grupos parlamentarios para lograr esta armonización. Los expertos fiscales sostienen que esta coordinación permitirá reducir costes de cumplimiento, evitar duplicidades en el reporte de información y reforzar la eficiencia del sistema tributario español frente a los estándares europeos.
Este aplazamiento representa una tregua regulatoria para el tejido empresarial español, que dispondrá de cuatro años para adaptar sus sistemas informáticos a los nuevos requisitos de transparencia y trazabilidad que exige la digitalización de la gestión tributaria en España.
