La compañía tecnológica Indra será la encargada de gestionar los servicios de escrutinio provisional para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria anticipada de los comicios ha provocado que el proceso de licitación iniciado por el Ministerio del Interior para renovar estos servicios no pueda concluirse a tiempo, obligando a la Administración a recurrir al acuerdo marco vigente, adjudicado a la misma firma en 2023 y con validez hasta marzo de 2027.
El calendario administrativo del nuevo concurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de septiembre con un valor estimado de 46,06 millones de euros, imposibilita su aplicación para la cita electoral de noviembre. Según los plazos establecidos, la presentación de ofertas finaliza el 30 de octubre, pero la apertura de las propuestas económicas no tendrá lugar hasta el 18 de diciembre, tres semanas después de la jornada de votación y una vez completada la auditoría del Centro Criptológico Nacional.
Ante esta situación, el Ministerio del Interior ejecutará el contrato a través del acuerdo marco formalizado en marzo de 2023. Aquel procedimiento, licitado con un valor estimado de 36,3 millones de euros para un periodo de cuatro años, tuvo a Indra como único licitador y operador. En los precedentes más inmediatos, como las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el coste de los servicios tecnológicos de recogida, procesamiento y difusión de datos ascendió a 11 millones de euros, IVA no incluido.
La nueva licitación en curso pretende introducir cambios estructurales en la gestión tecnológica de los procesos electorales. A diferencia del modelo actual de operador único, el Ministerio del Interior busca seleccionar entre tres y cinco empresas que compitan posteriormente por los contratos específicos de cada convocatoria. Además, el presupuesto base se incrementa en un 27% respecto al anterior, incorporando nuevas prestaciones técnicas y de seguridad en la infraestructura de datos.
La tramitación de este nuevo expediente ha estado marcada por diversos ajustes administrativos, habiéndose anulado dos anuncios previos durante el mes de septiembre antes de la publicación definitiva. Este proceso coincide con la preparación logística global que el Ministerio ya tenía en marcha, que incluye el suministro de urnas, cabinas, kits electorales y la impresión de papeletas y sobres para la jornada electoral.
El adelanto electoral al 29 de noviembre, anunciado por la Presidencia del Gobierno tras las dificultades para consolidar mayorías parlamentarias y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ha terminado por solapar los tiempos de la política con los de la contratación pública. De este modo, la arquitectura tecnológica que dará soporte a los resultados provisionales del 29-N se mantendrá bajo los parámetros del contrato vigente antes de la transición al nuevo modelo previsto por Interior.
