El Juzgado de Instrucción 90 de Madrid recibe la documentación sobre el intento de compra del piso de Maricarmen

La sociedad propietaria Urbagestión ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 90 de Madrid una propuesta de compra formulada por el Sindicato de Inquilinas y diversas cooperativas de vivienda sobre el inmueble donde residía María del Carmen Abascal. Esta oferta, presentada apenas doce días antes de la ejecución del desahucio, se produjo en un contexto de movilización social y presión pública contra la propiedad del inmueble.

Según la documentación incorporada al procedimiento judicial, la representación legal de la inquilina planteó una posible solución al conflicto mediante la enajenación de la vivienda a favor de entidades vinculadas al entorno del sindicato. En una comunicación enviada el 17 de octubre, la letrada Beatriz Duro consultó a la propiedad sobre las condiciones económicas necesarias para viabilizar la compra por parte de estas cooperativas, coincidiendo con el periodo de mayor exposición mediática del caso.

Urbagestión ha calificado la propuesta de «anómala» y contraria a las normas deontológicas profesionales. La empresa sostiene que la oferta se presentó como una alternativa para detener el lanzamiento mientras, simultáneamente, se desarrollaba una campaña de descrédito en su contra. La propiedad rechazó finalmente la operación, manifestando que el inmueble no estaba en venta y manteniendo el procedimiento legal que culminó en el desalojo de la jubilada.

La relevancia del movimiento reside en el patrimonio que ya gestionan las cooperativas vinculadas a la plataforma de inquilinas. Entidades de referencia como Entrepatios y Trabensol cuentan con 81 viviendas construidas y proyectos para otras 90 en localidades como Rivas-Vaciamadrid y Torremocha de Jarama. La adquisición del piso de Abascal habría permitido integrar una nueva unidad a este entramado residencial de gestión colectiva.

El enfrentamiento entre las partes ha derivado en acciones legales adicionales. Urbagestión presentó el pasado mes de enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas por presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos y vulneración del derecho al honor. La compañía denuncia que, tras la negativa a vender el inmueble, sus gestores fueron objeto de campañas de señalamiento y difusión de datos personales, lo que ha llevado el conflicto ante la jurisdicción penal.