La disolución de las Cortes por el adelanto electoral extingue la tramitación de leyes clave
El anuncio de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre ha provocado la disolución inmediata de las Cortes Generales, lo que conlleva la caducidad automática de todos los proyectos de ley e iniciativas legislativas actualmente en tramitación parlamentaria. Según el ordenamiento vigente, cualquier normativa que no haya completado su proceso de aprobación antes de la firma del decreto de disolución decae, obligando a los grupos parlamentarios a iniciar su tramitación desde cero en la próxima legislatura si desean retomarlas.
Entre las iniciativas que quedan sin efecto destaca la proposición de ley para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española. A pesar de haber sido aprobada en el Congreso el pasado 10 de septiembre con 168 votos a favor, la convocatoria electoral detiene su tramitación definitiva en el Senado. Otras medidas sociales que no verán la luz de forma inmediata incluyen la regulación de la inteligencia artificial, la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años y la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que pretendía trasladar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales.
En el ámbito económico, la disolución de las Cámaras deja en el aire la reforma del modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda de las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Asimismo, decaen proyectos del Ministerio de Economía como la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la ley de prevención de blanqueo de capitales y la normativa de información empresarial sobre sostenibilidad. El plan estratégico IA360, recientemente presentado por el Ejecutivo, también ve interrumpida su ejecución legislativa.
Ante este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de contingencia para rescatar determinados textos que decayeron el pasado viernes. El Consejo de Ministros tiene previsto volver a aprobar este martes algunas de estas medidas con ajustes técnicos para que entren en vigor vía real decreto-ley. Esta fórmula permitiría que la Diputación Permanente, el órgano que sustituye a las Cámaras durante el periodo entre comicios, convalide las normas de manera inmediata, evitando los bloqueos parlamentarios previos.
No obstante, juristas y expertos en derecho parlamentario han advertido sobre la posible irregularidad de este procedimiento, señalando que el uso intensivo de decretos-leyes durante el periodo de disolución podría bordear el fraude de ley. Por su parte, sectores de la oposición y organizaciones sociales han lamentado la pérdida de meses de trabajo parlamentario en cuestiones sensibles como el Estatuto del Becario, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el endurecimiento del registro horario, cuya vigencia queda ahora supeditada al resultado de las urnas el 29-N.
La convocatoria electoral se produce tras el reconocimiento de errores por parte de la presidencia del Gobierno y la necesidad de renovar el mandato ciudadano. Sin embargo, el bloqueo de leyes con amplio respaldo, como la relativa al pueblo saharaui, ha generado críticas internas en los socios de coalición, quienes ven en este adelanto un obstáculo para consolidar reformas que se encontraban a escasos días de su aprobación definitiva.
