El PP califica de «operación política» la huelga general anunciada por los sindicatos
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha manifestado este martes su rechazo a la convocatoria de huelga general de 24 horas anunciada por los sindicatos CCOO y UGT para el próximo otoño. Sémper ha calificado la movilización, centrada en la reivindicación de salarios dignos y el acceso a la vivienda, como una «utilización política» que, a su juicio, desprestigia el movimiento sindical y busca favorecer al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En sendas intervenciones en medios de comunicación, el portavoz popular ha advertido de que si las organizaciones sindicales se transforman en un «agente político» afín al Gobierno, «dejan de ser útiles» para la sociedad. Según Sémper, aunque los sindicatos tienen una labor constitucional fundamental en la defensa de los trabajadores, asumir un rol de apoyo al poder desvirtúa su naturaleza y perjudica las reivindicaciones laborales legítimas.
El dirigente del PP ha descrito la iniciativa como una «escenificación» y una «operación política» orientada a «salvar al soldado Sánchez» tras ocho años sin grandes protestas sindicales. «España no está para estas cosas», ha subrayado Sémper, quien ha descartado que su formación política vaya a secundar o apoyar las movilizaciones para criticar la gestión gubernamental, calificando el anuncio como un «teatro» al que «se le ve el truco».
Por su parte, las centrales sindicales enmarcan esta jornada de paro en la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Sus demandas incluyen subidas salariales de entre el 4% y el 7%, además de la aplicación de cláusulas de revisión salarial. En materia de vivienda, el ‘Decálogo por el derecho a la vivienda’ de los sindicatos exige la limitación de los precios del alquiler y la creación de un parque público de vivienda protegida con carácter permanente.
La reacción del sector empresarial no se ha hecho esperar. Las patronales CEOE y Cepyme han tildado de «inadmisible» la convocatoria, argumentando que se trata de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno cuyo coste se pretende trasladar de forma injustificada a las empresas. Asimismo, las organizaciones empresariales han cuestionado el «encaje jurídico» de una huelga que, según afirman en un comunicado, persigue fundamentalmente cambios legislativos y presupuestarios.
La fecha definitiva de la movilización se concretará próximamente en coordinación con diversas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas, manteniendo el foco en la crisis habitacional y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como ejes centrales de la protesta.
