La justicia de Estados Unidos dicta cuatro nuevas sentencias contra España por los laudos de las renovables

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha emitido cuatro nuevos fallos judiciales contra el Reino de España derivados de los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Estas sentencias elevan a 13 el número de condenas en firme dentro de la jurisdicción estadounidense, obligando al Estado español al pago de indemnizaciones tras la ejecución de los laudos emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.

Las resoluciones judiciales afectan específicamente a los casos presentados por los fondos e inversores OperaFund, Schwab, Steag y Renergy. Según los términos dictados por el juez Randolph D. Moss, España deberá abonar un total de 98,1 millones de euros adicionales, cifra que comprende las indemnizaciones principales, las costas procesales y los intereses de demora acumulados por el retraso en los pagos.

En su argumentación jurídica, el magistrado Moss ha desestimado de forma íntegra las peticiones de la Abogacía del Estado español, que solicitaba la suspensión o desestimación de los procedimientos. El fallo reconoce el derecho de los acreedores a percibir el importe íntegro de las compensaciones y subraya que los laudos del Ciadi deben recibir en territorio estadounidense el mismo tratamiento y reconocimiento que una sentencia firme dictada por sus propios tribunales federales.

El origen del conflicto jurídico se remonta a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo español entre los años 2010 y 2014, cuando se modificó de manera retroactiva el marco de incentivos económicos para la producción de energía eólica y fotovoltaica. Las compañías afectadas, radicadas en países como Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo, alegaron ante los tribunales de arbitraje la vulneración del artículo 10.1 del Tratado sobre la Carta de la Energía, al considerarse lesionadas sus expectativas legítimas de estabilidad regulatoria.

Durante el proceso en el Distrito de Columbia, la representación de España fundamentó su defensa en la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado y en el principio de cortesía internacional («comity»), argumentando que las instituciones de la UE tienen competencia exclusiva sobre estos asuntos. No obstante, el tribunal estadounidense ha rechazado estos puntos, señalando que las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de arbitraje prevalecen en este contexto de ejecución de laudos.

Con la incorporación de estos cuatro nuevos fallos, la cuantía total que los tribunales de Estados Unidos han ordenado pagar a España asciende a 935 millones de euros. Esta cifra se suma a los procedimientos previos de firmas como Watkins, Antin, RREEF, NextEra o 9REN, entre otras. El tribunal también destacó que el Estado no presentó objeciones técnicas a las cantidades reclamadas por los fondos en esta instancia, lo que ha facilitado el reconocimiento de las deudas por su valor total.

La presión judicial sobre el Estado español no se limita a la jurisdicción norteamericana. Instancias superiores de Reino Unido, Australia y Singapur han emitido resoluciones similares en los últimos meses. En estos países, la persistencia en el impago de las obligaciones dictadas por el Ciadi abre la vía para que los acreedores soliciten el embargo preventivo de bienes soberanos de España en el extranjero como medida de ejecución forzosa.