El PSOE de Extremadura califica de «insolidario» el recurso de la Junta contra el decreto de acogida de menores
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha manifestado su rechazo a la decisión de la Junta de Extremadura de recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026. Esta norma establece la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas, fijando para la región extremeña un cupo de 364 plazas para el año 2026. Los socialistas han tildado la medida del Ejecutivo autonómico de «racista e insolidaria» y han anunciado que solicitarán la suspensión cautelar de dicho recurso.
Según ha detallado la portavoz de Servicios Sociales e Infancia del Grupo Socialista, Soraya Vega, la cifra asignada a Extremadura responde a criterios objetivos basados en el peso poblacional de cada territorio y el volumen total de menores atendidos por el sistema de protección nacional. Vega ha criticado la postura de la presidenta María Guardiola, al considerar que el uso de la vía judicial en esta materia convierte la gestión de la inmigración en un «elemento de confrontación política» en lugar de ejercer una gestión responsable.
Desde las filas socialistas se ha interpelado directamente a la presidencia de la Junta sobre su compromiso con la solidaridad interterritorial, especialmente en relación con la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta. El PSOE cuestiona si la contribución extremeña se limitará a acciones de protesta o si, por el contrario, el Gobierno regional está dispuesto a movilizar los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar una atención digna a los menores afectados.
En el marco de una reunión mantenida con la Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex), el Grupo Socialista denunció una presunta falta de veracidad en el argumento de «colapso» del sistema de centros de menores esgrimido por la Junta. Según los datos aportados por la formación, el presupuesto destinado a estos centros ha sufrido una reducción significativa, pasando de una previsión inicial de dos millones de euros en 2025 a un millón en 2026. Posteriormente, denuncian que una modificación de crédito detrajo 700.000 euros adicionales, dejando la partida en 300.000 euros.
El análisis de la ejecución presupuestaria presentado por el PSOE indica que, a fecha de 30 de junio del ejercicio corriente, solo se habrían ejecutado 12.000 euros de los fondos disponibles. Para la portavoz socialista, estos datos evidencian que el problema no radica en la capacidad del sistema, sino en una «falta de voluntad política» y en un desfinanciamiento provocado que posteriormente se utiliza para justificar la negativa a la acogida.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista ha instado a la Administración regional a reforzar los perfiles profesionales y mejorar las infraestructuras de los centros de protección. La formación concluye que Extremadura debe mantener su perfil de tierra solidaria y garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, independientemente del origen de los menores, instando a la cooperación institucional como única vía para resolver las situaciones de emergencia migratoria.
