Suspendido hasta 2030 el desahucio de una familia en Alicante tras la aplicación del nuevo decreto de vivienda
El lanzamiento programado para este jueves en una vivienda de la calle Ágata, en Alicante, ha sido suspendido y aplazado hasta el 31 de diciembre de 2030. La medida afecta a una mujer y sus tres hijos menores de edad, de 8, 15 y 17 años, quienes residen en el inmueble desde el año 2014. El Sindicat de Vivenda Carolines ha confirmado que la paralización responde a la entrada en vigor del nuevo decreto de vivienda orientado a la protección de la función social y la ampliación de la oferta asequible.
Según la información facilitada por la entidad social, el inmueble estuvo sujeto inicialmente a un régimen de alquiler social bajo la titularidad de Banco Sabadell. No obstante, la propiedad fue transferida posteriormente a Promontoria, firma vinculada al fondo de inversión Cerberus. El proceso judicial de desahucio se inició tras la falta de renovación del contrato de arrendamiento, a pesar de que la vivienda permanecía habitada por el núcleo familiar de forma ininterrumpida.
La resolución judicial se apoya en las medidas urgentes recientemente adoptadas para la protección de colectivos vulnerables. Estas normativas permiten la suspensión de lanzamientos en casos donde concurran condiciones de precariedad económica y social, vinculando la permanencia en el inmueble a la vigencia de los decretos de protección habitacional que buscan garantizar la estabilidad de las familias en riesgo de exclusión.
El Sindicat de Vivenda Carolines ha señalado, además, el contexto inmobiliario en el que se produce este caso. Según la organización, la zona de la calle Ágata está siendo objeto de una intensa actividad comercial. En este sentido, han identificado anuncios de viviendas en el mismo bloque presentados como oportunidades de inversión por valor de 88.000 euros, incluyendo promociones comerciales destinadas a potenciales compradores.
Con esta suspensión, se otorga un margen temporal de seis años para la unidad familiar, mientras las autoridades competentes y las entidades implicadas evalúan las soluciones habitacionales a largo plazo bajo el marco jurídico del nuevo decreto. La situación en Alicante se suma a otros casos de especial relevancia en el debate nacional sobre el acceso a la vivienda y la regulación de los activos en manos de fondos de inversión.
