Sheinbaum promulga reforma que prohíbe la doble nacionalidad para la Presidencia y gubernaturas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, suscribió este miércoles el decreto que establece la obligatoriedad de contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para desempeñar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y las gubernaturas de las entidades federativas. La medida, avalada previamente por el Congreso de la Unión, entrará en vigor de manera oficial para los procesos electorales que se celebren a partir del año 2028.
Durante la firma del documento en conferencia de prensa, la mandataria explicó que la nueva disposición veta las candidaturas de aquellas personas que mantengan una doble nacionalidad al momento de postularse. «A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, jefe de Gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano», puntualizó la titular del Ejecutivo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien acompañó a la mandataria durante el acto, detalló los alcances legales de la reforma. Alcalde precisó que los ciudadanos que se encuentren en una situación de múltiple nacionalidad deberán realizar un proceso de renuncia formal a sus otros vínculos jurídicos extranjeros como requisito indispensable antes de solicitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la explicación de la Consejería Jurídica, el objetivo es garantizar que quien ostente la máxima representación estatal o federal mantenga una fidelidad única hacia el Estado mexicano. Para tal efecto, se prevé la publicación próxima de un reglamento que clarificará los pasos administrativos que los aspirantes deberán seguir, tanto ante las instancias nacionales como ante las autoridades de los países de origen de su segunda nacionalidad.
Este cambio normativo consolida un ajuste en los requisitos de elegibilidad en el sistema político mexicano, otorgando un periodo de transición de dos años para que los futuros contendientes ajusten su estatus legal conforme a los nuevos preceptos constitucionales y legales que rigen el acceso a los cargos de primer orden en la administración pública.
