El Tribunal Constitucional ha fijado una doctrina jurídica que limita la capacidad de los gobiernos para utilizar el real decreto-ley como instrumento para revertir o enmendar decisiones previas del Poder Legislativo. Esta jurisprudencia, establecida en una sentencia del pasado mes de marzo bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, determina que el desacuerdo con el resultado de una votación parlamentaria no faculta al Ejecutivo para invocar la «extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución.
El criterio del tribunal adquiere relevancia inmediata ante la estrategia del Gobierno central de reintroducir medidas de vivienda que fueron rechazadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 2 de octubre. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevos reales decretos con contenidos similares a los tumbados, con el objetivo de que sean convalidados por la Diputación Permanente, donde el Ejecutivo cuenta con una aritmética parlamentaria más favorable.
El precedente jurídico se originó en el recurso contra el Decreto-ley 5/2024 del Govern balear. En aquella ocasión, el Ejecutivo autonómico recurrió a la normativa de urgencia para dejar sin efecto varias enmiendas que habían sido aprobadas por error durante la tramitación de una ley. El Tribunal Constitucional anuló dichos preceptos al considerar que no se acreditó una urgencia cualificada y que el uso del decreto para corregir un resultado parlamentario no es una vía legítima bajo el marco constitucional.
La sentencia, cuya ponencia corresponde a la magistrada Laura Díez Bueso, sostiene que «el margen de apreciación político no alcanza ni puede alcanzar a considerar como situación de extraordinaria y urgente necesidad lo que constituye el desacuerdo del gobierno con el resultado de una votación parlamentaria en un procedimiento legislativo». El fallo enfatiza que las cámaras disponen de cauces ordinarios, como el procedimiento de urgencia o la lectura única, para corregir textos legales sin necesidad de recurrir a la potestad legislativa excepcional del Gobierno.
En el caso balear, el tribunal subrayó que la finalidad del Ejecutivo no puede ser «lisa y llanamente impedir la entrada en vigor» de disposiciones aprobadas de forma soberana por el Parlamento. Según el Constitucional, aunque el juicio de oportunidad corresponde al Gobierno, el tribunal debe controlar que dicho juicio se desarrolle «dentro de los límites de lo razonable», verificando que exista una conexión suficiente entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas.
La aplicación de esta doctrina al escenario nacional actual plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de los nuevos decretos de vivienda. Los textos reintroducidos por el PSOE y Sumar incorporan modificaciones técnicas con el fin de evitar un posible fraude de ley; sin embargo, la identidad sustancial con las normas rechazadas hace apenas unas semanas por la Cámara Baja podría fundamentar recursos de inconstitucionalidad basados en este reciente precedente.
El conflicto jurídico pone el foco en el uso de la Diputación Permanente durante el periodo de disolución de las Cortes. Al ser este un órgano de naturaleza reducida y funciones limitadas, la validación de decretos que ya fueron objeto de rechazo por el Pleno del Congreso podría ser interpretada, bajo la óptica de la sentencia de marzo, como una elusión de la voluntad expresada por el Parlamento en el ejercicio ordinario de sus facultades legislativas.
