Exteriores defiende las garantías del voto exterior ante la controversia judicial por la Ley de Nietos
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha difundido este miércoles un documento técnico titulado «En el exterior, voto con garantías», en el que defiende la transparencia e integridad del proceso electoral para los ciudadanos residentes en el extranjero. El departamento que dirige José Manuel Albares califica el ejercicio del sufragio desde fuera de las fronteras nacionales como un «derecho fundamental», coincidiendo con la fase final del litigio en el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en los próximos comicios generales.
La publicación de este argumentario se produce apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo otorgara un plazo de 48 horas a las partes personadas para presentar alegaciones. El Alto Tribunal debe resolver sobre el fondo del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar, acordada el pasado septiembre, de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de aquellas personas nacionalizadas mediante la denominada «ley de nietos».
En el plano institucional, el Ministerio fundamenta su posición en el artículo 23 de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Según Exteriores, el sistema actual cuenta con garantías suficientes, entre las que destaca la presencia de representantes de las candidaturas en los consulados, el precintado y desprecintado público de las urnas, el registro de incidencias y la posterior verificación de los datos por parte de las Juntas Electorales competentes.
El documento ministerial subraya que el proceso incorpora protocolos estrictos de seguridad en todas sus fases. «Para asegurar que cada voto emitido en el exterior se gestiona con transparencia, seguridad y pleno respeto a la legalidad, el proceso electoral incorpora una serie de garantías que permiten reforzar la confianza», afirma el texto. Entre estas medidas se incluye la publicación detallada de las cifras de sobres remitidos por cada oficina consular tras el escrutinio, desglosadas por provincias.
La controversia jurídica se centra en el impacto que el incremento de ciudadanos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática pueda tener en la limpieza del censo. Mientras que organizaciones como Vox e Iustitia Europa han reclamado que se mantenga la suspensión de estas inscripciones para evitar alteraciones en el proceso, el Gobierno sostiene que el crecimiento del CERA no supone riesgo alguno y que la normativa no puede alterar los resultados por una cuestión de proporcionalidad matemática.
Con la convocatoria de elecciones generales fijada para el próximo 29 de noviembre, los tiempos procesales resultan críticos. La resolución del Tribunal Supremo determinará finalmente si los descendientes de españoles que han obtenido la nacionalidad recientemente podrán ejercer su derecho al voto o si, por el contrario, primará el criterio de transparencia que motivó la paralización cautelar de sus inscripciones el pasado mes de septiembre.
