Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre con el foco en la vivienda y el gasto social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre tras la disolución de las Cortes Generales. La decisión, comunicada formalmente tras un Consejo de Ministros extraordinario, sitúa el debate político en la movilización del electorado progresista bajo una estrategia centrada en la protección de los derechos sociales y el acceso a la vivienda, en un escenario de alta polarización institucional.

La hoja de ruta del Ejecutivo para la precampaña se apoya en medidas de carácter ejecutivo inmediatas. El Consejo de Ministros ha recuperado los decretos de vivienda que fueron rechazados recientemente en el Congreso de los Diputados, incorporando el anuncio de una línea de 10.000 millones de euros en préstamos destinados a la adquisición de la primera vivienda. Desde el entorno de la Presidencia se defiende que esta convocatoria actúa como un plebiscito sobre las políticas habitacionales desarrolladas durante la legislatura.

En el ámbito de las alianzas, el PSOE busca concentrar el denominado «voto útil» ante la situación de Frente Amplio, que afronta el proceso electoral sin un liderazgo definido. Entre los nombres que se barajan para encabezar el espacio a la izquierda de los socialistas figuran Ada Colau, Mónica García, Pablo Bustinduy y Gabriel Rufián. La estrategia de Ferraz contempla que la polarización de la campaña desplace apoyos hacia la candidatura socialista en las circunscripciones donde la fragmentación del voto minoritario carece de representación.

Por su parte, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, mantiene una postura de cautela frente a las encuestas que le otorgan una ventaja competitiva. La dirección popular ha expresado reservas sobre la gestión del voto exterior y el funcionamiento del servicio postal durante el proceso. Simultáneamente, los análisis demoscópicos manejados por el Ejecutivo sugieren un crecimiento de Vox que podría alcanzar los 70 escaños, una circunstancia que, según el análisis gubernamental, podría restar representación al PP en provincias clave y alterar el reparto de escaños en disputa.

La gestión del Estado durante el periodo electoral recaerá en la Diputación Permanente del Congreso. El Gobierno tiene previsto tramitar decretos que afectarán al funcionamiento del Registro Civil para agilizar los procesos de nacionalización vinculados a la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática. Según estimaciones técnicas, el sufragio de los españoles residentes en el extranjero podría influir en el resultado final de hasta 23 escaños en el conjunto del territorio nacional.

Finalmente, la estrategia territorial de los socialistas se centrará en la competición electoral en feudos históricos como Andalucía y Extremadura, territorios actualmente bajo gobiernos de coalición de centroderecha. El Ejecutivo también confía en obtener resultados favorables en Cataluña y el País Vasco, especialmente tras las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional que afectan a la situación jurídica de Carles Puigdemont y que podrían condicionar el comportamiento del electorado en ambas comunidades.