La oposición rinde homenaje a Maricarmen Abascal en el Pleno de Cibeles ante la ausencia de un acto institucional

Los grupos municipales de Más Madrid y el PSOE han protagonizado este jueves un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado mes de septiembre de la vivienda en la que residió durante siete décadas. El acto de homenaje ha tenido lugar de forma espontánea por parte de la izquierda al inicio del Pleno extraordinario celebrado en el Palacio de Cibeles, ante la falta de una convocatoria oficial por parte del Ayuntamiento de Madrid.

El Gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, ha optado por no sumarse a la iniciativa de carácter institucional. Según fuentes de los grupos de la oposición, el Ejecutivo madrileño habría trasladado su respeto personal por el fallecimiento de la vecina, pero justificó su decisión de no formalizar el minuto de silencio para evitar lo que calificaron como una «total instrumentalización» política del caso por parte de las formaciones de izquierda.

Maricarmen Abascal falleció recientemente tras permanecer ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Aquel día, la octogenaria fue evacuada en camilla por los servicios sanitarios tras ejecutarse una orden de lanzamiento en su domicilio de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El desahucio se produjo en medio de una notable movilización social, con decenas de activistas y vecinos que intentaron impedir el desalojo, el cuarto que afrontaba la mujer desde que se inició el proceso judicial.

El impacto mediático y social de este caso ha trascendido la esfera municipal, convirtiéndose en el catalizador de las protestas por el derecho a la vivienda que actualmente se desarrollan en la capital. El Sindicato de Inquilinas y otros colectivos han impulsado una acampada en la Puerta del Sol, que aún permanece activa, reclamando el denominado «decreto Maricarmen» para frenar lanzamientos similares. Esta movilización ha derivado también en la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.

Desde el punto de vista jurídico, el desahucio se ejecutó tras un largo litigio con la propietaria del inmueble, Urbagestión, que adquirió la finca en 2018 y solicitó la extinción del contrato de renta antigua que Abascal mantenía desde 1956. Aunque se llegó a un acuerdo extrajudicial de última hora con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que la mujer regresara a la vivienda con un alquiler social, el deterioro de su estado de salud impidió que el regreso se hiciera efectivo.

La situación de la vivienda se mantiene como uno de los ejes centrales del debate político nacional, especialmente tras el anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre ante la falta de apoyos parlamentarios para convalidar decretos en la materia. El espíritu de las reivindicaciones surgidas tras el caso de Abascal se ha extendido ya a otras capitales españolas, situando la problemática habitacional en la primera línea de la agenda pública ante los próximos comicios.