El delegado del Gobierno en Madrid defiende la legalidad de la acampada en Sol tras el aval judicial
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha defendido este jueves la permanencia de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, subrayando que en este conflicto «lo que impera es la justicia». Las declaraciones se producen tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo regional para proceder al desalojo inmediato del asentamiento.
Durante su intervención previa a un desayuno informativo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, Martín ha señalado que el auto judicial del TSJM «cerró la puerta» a las pretensiones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Según el delegado, la resolución judicial desestima las prisas de quienes buscan evitar que la ciudadanía «se exprese» o «proteste» ante la problemática habitacional.
La Comunidad de Madrid había fundamentado su solicitud de desalojo alegando una supuesta «inactividad» por parte de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, el tribunal no solo rechazó las medidas cautelares, sino que negó la existencia de dicha inactividad administrativa, validando la gestión de la administración central en el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos fundamentales.
Martín ha reiterado que su cometido institucional es garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, equilibrando el derecho fundamental de reunión con la seguridad ciudadana. En este sentido, ha devuelto las críticas a los dirigentes autonómicos y municipales, calificando como «verdadera inactividad» la falta de políticas de vivienda eficaces por parte de la administración regional y el consistorio madrileño.
La movilización en la Puerta del Sol se originó como respuesta al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que falleció el pasado miércoles tras haber sido desalojada de su vivienda en septiembre. El caso ha generado un intenso debate político en la región, motivando incluso minutos de silencio en instituciones como el Ayuntamiento de Madrid por parte de los grupos de la oposición.
Con el aval del TSJM, la Delegación del Gobierno mantiene su postura de no intervenir de forma coercitiva mientras se respeten los cauces legales y no se produzcan alteraciones graves del orden público, reafirmando el carácter institucional de su decisión frente a las presiones de las administraciones locales.
