La defensa de David Sánchez recurre su condena alegando una «investigación prospectiva»

La representación legal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado formalmente un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación especial. El fallo judicial le atribuye la autoría de un delito de prevaricación administrativa en relación con su proceso de contratación como coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz.

En el escrito remitido a la instancia superior, el abogado Emilio Cortés sostiene que el expediente judicial se ha fundamentado en una «investigación prospectiva», figura jurídica que prohíbe las indagaciones genéricas sin indicios previos sustanciales. La defensa alega que durante el proceso se han vulnerado derechos fundamentales esenciales, entre los que destaca la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad.

El recurso hace especial hincapié en la falta de pruebas directas sobre la intervención del encausado en los trámites administrativos que dieron lugar a su puesto de trabajo. Según el letrado, no consta en la causa «argumentación alguna que acredite más allá de toda duda razonable» que David Sánchez participara de forma activa en el impulso, preparación o tramitación del expediente de creación de la plaza de coordinador que posteriormente ocupó.

Asimismo, la defensa argumenta que la imputación carece de un sustento técnico sólido y vincula el desarrollo del procedimiento a la relevancia pública de su cliente por su parentesco con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En palabras recogidas en el documento de apelación, el abogado afirma que las acusaciones responden a la condición de político de su hermano más que a hechos delictivos probados en el ámbito administrativo.

Con la presentación de este recurso, el equipo jurídico de David Sánchez solicita la libre absolución de su mandante, trasladando ahora la decisión final al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El tribunal deberá evaluar si las actuaciones de la Diputación de Badajoz y la participación del acusado se ajustaron a la legalidad vigente o si, por el contrario, se ratifica la inhabilitación impuesta en primera instancia.