Presentada ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el alcalde de Algeciras por presuntas agresiones sexuales

Una militante del Partido Popular ha formalizado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual y un supuesto delito contra la Administración Pública. El escrito, que consta de más de un centenar de folios, fue registrado el pasado 2 de septiembre, fecha en la que el regidor todavía ostentaba su condición de senador y, por consiguiente, el aforamiento ante el Alto Tribunal.

Los hechos relatados en la denuncia se remontan a diciembre de 2020 y a la primavera de 2021. Según el testimonio de la denunciante, el primer episodio habría tenido lugar en un centro médico de propiedad del alcalde, donde la mujer acudió para realizar gestiones relacionadas con su permiso de conducir. El escrito sostiene que, tras finalizar las pruebas, el regidor le habría ofrecido un empleo en una escuela infantil municipal —que ella no habría solicitado— y, posteriormente, habría realizado tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

El segundo suceso denunciado se sitúa entre los meses de abril y mayo de 2021 en las dependencias del Ayuntamiento de Algeciras. La denunciante afirma que, durante una visita institucional en compañía de su marido, el alcalde habría aprovechado una breve ausencia de este último para realizar una nueva agresión de naturaleza sexual por encima de la ropa. La mujer ha justificado el retraso en la interposición de la denuncia aludiendo al impacto emocional de los hechos y al temor por su situación familiar.

La defensa técnica de José Ignacio Landaluce ha rechazado de forma tajante todas las acusaciones vertidas en el escrito. Fuentes jurídicas cercanas al alcalde aseguran que los hechos descritos son falsos y han manifestado que el regidor ejercerá todos los medios legales a su alcance para defender su inocencia. En este momento, el procedimiento se encuentra a la espera de que la Fiscalía emita su informe preceptivo antes de que la Sala Segunda decida sobre la admisión o no a trámite de la denuncia.

Este escenario procesal difiere de las diligencias previas que afectaron al regidor en el pasado. En enero de 2026, la Fiscalía del Tribunal Supremo inadmitió una denuncia interpuesta por el grupo parlamentario socialista por presunta malversación y abuso sexual, al considerar que no existía una denuncia directa de las personas afectadas. En este nuevo caso, la acción judicial parte directamente de una víctima identificada, lo que obliga al Supremo a realizar una valoración individualizada de los indicios presentados.

Tras la reciente disolución de las Cortes Generales, Landaluce ha perdido su condición de senador, un factor que la Sala Segunda deberá tener en cuenta para determinar su competencia sobre la causa. La denuncia también incluye la imputación de un presunto delito contra la Administración Pública derivado del ofrecimiento del puesto de trabajo mencionado en el primer episodio de los hechos denunciados.