Adelante Andalucía solicita la dimisión del alcalde de Algeciras ante las denuncias por presuntas agresiones sexuales

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz, Leti Blanco, ha reclamado la renuncia inmediata de José Ignacio Landaluce a la alcaldía de Algeciras tras conocerse la interposición de una nueva denuncia por presuntas agresiones sexuales y abuso de poder. La formación considera que la acumulación de testimonios y la gravedad de los hechos señalados resultan «absolutamente incompatibles» con la permanencia del regidor al frente de la institución municipal.

La exigencia de dimisión se produce después de que haya trascendido la existencia de una denuncia registrada el pasado 2 de septiembre ante el Tribunal Supremo por parte de una militante del Partido Popular. En el documento judicial se detallan dos presuntos episodios de agresión sexual que habrían tenido lugar en diciembre de 2020 y abril de 2021. Los hechos, según la denunciante, habrían ocurrido en un centro médico de titularidad privada del alcalde y en dependencias del propio Ayuntamiento de Algeciras.

Asimismo, el escrito presentado ante el alto tribunal apunta a la posible comisión de un delito contra la Administración Pública. La denuncia sostiene que el alcalde habría ofrecido a la afectada un puesto de trabajo que ella no había solicitado, lo que para la parlamentaria Blanco refuerza la tesis de un uso arbitrario de la autoridad y del poder institucional.

Blanco ha manifestado que el caso no debe abordarse como un episodio aislado, sino como una manifestación de una forma de ejercer el mando basada en «la intimidación y la presión sobre quienes dependen de ese poder». En este sentido, ha subrayado que este tipo de conductas pueden derivar tanto en agresiones sexuales como en situaciones de acoso laboral, por lo que ha instado a reflexionar sobre los límites del ejercicio público en los entes locales.

Ante esta situación, Adelante Andalucía ha abogado por la implementación de mecanismos de control y prevención más estrictos dentro de las administraciones. El objetivo, según la parlamentaria, debe ser evitar que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre la víctima y facilitar que cualquier persona pueda denunciar abusos sin temor a las represalias derivadas de la capacidad de influencia del denunciado.

Por último, la formación política ha trasladado su apoyo a las mujeres que han decidido judicializar sus testimonios y ha reclamado la construcción de instituciones transparentes donde no existan espacios de impunidad. Por el momento, el procedimiento judicial se encuentra en fase inicial, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre la admisión a trámite de la denuncia presentada.