El Supremo de Brasil ordena la captura del exdiputado Eduardo Bolsonaro tras sentencia firme
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dictado este jueves una orden de detención inmediata contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La medida responde a una condena firme de cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción a la justicia, tras agotarse todas las instancias de apelación posibles en el sistema judicial brasileño.
La resolución judicial establece la ejecución de una sentencia emitida originalmente en junio pasado, la cual contempla que el exlegislador cumpla su pena en un régimen de semilibertad. Bajo esta modalidad, el condenado podría ausentarse del centro penitenciario durante la jornada diurna para actividades laborales o académicas, manteniendo la obligación de pernoctar en la institución carcelaria. Asimismo, el fallo ratifica la inhabilitación de Bolsonaro para ejercer cargos públicos por un periodo de ocho años.
Eduardo Bolsonaro se encuentra en territorio estadounidense desde febrero de 2025, situación que derivó en su destitución previa como diputado y miembro de la policía. Ante su permanencia en el extranjero, el juez De Moraes ha ordenado la revocación de sus pasaportes. No obstante, la efectividad de la captura depende de la cooperación internacional, dado que el exparlamentario obtuvo recientemente un visado de residencia permanente por parte de la administración de Donald Trump.
El Tribunal Supremo fundamentó la condena en las acciones orquestadas por el exdiputado desde Estados Unidos, destinadas a presionar a magistrados y obstaculizar las investigaciones relacionadas con el presunto intento de golpe de Estado vinculado a su progenitor. Según el expediente, Bolsonaro promovió la imposición de sanciones económicas contra Brasil, incluyendo aranceles a las exportaciones y restricciones de visados para integrantes de la alta corte.
La decisión del magistrado De Moraes cierra el ciclo procesal tras el rechazo sistemático de los recursos presentados por la defensa el mes pasado. Con esta orden, la justicia brasileña busca garantizar el cumplimiento de una sentencia que ya es considerada cosa juzgada, en un contexto de alta tensión institucional marcado por las investigaciones sobre la integridad democrática en el país suramericano.
