Vox solicita al Tribunal Supremo reactivar la orden de detención contra Carles Puigdemont

La formación política Vox, en su condición de acusación popular en la causa del ‘procés’, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando que se dejen sin efecto las recientes medidas del magistrado Pablo Llarena y se reactiven las órdenes de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig. La organización califica de «intempestiva» la decisión de levantar dichas medidas tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía del delito de malversación.

En el escrito remitido al Alto Tribunal, la formación argumenta que la situación procesal de los investigados no ha experimentado cambios sustanciales, subrayando que los procesados «continúan fugados» y no han comparecido ante la justicia española. Según el recurso, el delito de malversación debe permanecer excluido de la aplicación de la Ley de Amnistía, apoyándose en las resoluciones previas y firmes dictadas por el propio Tribunal Supremo sobre esta materia.

La acusación popular sostiene que la decisión del juez instructor es «prematura», ya que aún no se ha demostrado una «coincidencia sustancial» entre el caso de la exconsellera Dolors Bassa —cuya amnistía fue avalada por el Tribunal Constitucional— y la situación específica de los procesados que se encuentran fuera del territorio nacional. El texto subraya que el magistrado Llarena todavía no ha resuelto de forma definitiva si la ley de gracia es aplicable a la causa particular del expresidente.

Asimismo, el recurso hace hincapié en la existencia de dos cuestiones prejudiciales pendientes de resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Vox defiende que las medidas cautelares, como las órdenes de busca y captura, deberían mantenerse en vigor hasta que las instancias europeas se pronuncien sobre la compatibilidad de la norma española con el derecho comunitario, especialmente tras el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial el pasado mes de octubre.

En el plano fáctico, el documento recuerda que Carles Puigdemont «volvió a sustraerse de la acción de la justicia» el pasado 8 de agosto de 2024, tras una breve entrada en territorio nacional. Para la formación, la retirada de las órdenes de detención genera un agravio comparativo, produciendo el efecto de situar en una «mejor posición» a quienes han evadido la justicia frente a aquellos procesados que sí se sometieron al procedimiento judicial en España.

Este movimiento jurídico se produce en un contexto de discrepancia técnica entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre el alcance del perdón legal en los delitos de malversación de caudales públicos, una cuestión que continúa marcando la agenda jurídica y parlamentaria del país.