Nuevos recursos administrativos cuestionan la gestión del censo electoral tras la aplicación de la «ley de nietos»
El partido político Valores ha elevado una queja ante el Consejo de Transparencia tras la negativa de la Junta Electoral Central (JEC) y de la Oficina del Censo Electoral a facilitar los expedientes relativos a las concesiones de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática. Esta formación se suma así a la ofensiva administrativa y judicial iniciada por otras organizaciones como Iustitia Europa y Vox, quienes denuncian posibles irregularidades en la inscripción de nuevos ciudadanos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La controversia se centra en la aplicación de la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encabezada por Sofía Puente. Según los recurrentes, dicha instrucción permitiría una discrecionalidad excesiva en la asignación de municipios de inscripción para los descendientes de exiliados que adquieren la nacionalidad. El partido Valores, liderado por Alfonso Galdón, sostiene que el censo electoral debe ser un organismo transparente y que la gestión del mismo debe estar sujeta a la rendición de cuentas pública.
En el marco del procedimiento administrativo, la formación solicitó el pasado 6 de septiembre personarse en el expediente de la JEC donde se dirime cómo deben inscribirse los descendientes de españoles en sus municipios de origen. Aunque la personación fue aceptada el 16 de septiembre, el acceso a la documentación fue denegado bajo el argumento de que las actuaciones se encuentran vinculadas a procesos judiciales en curso ante el Tribunal Supremo. Ante esta respuesta, Valores ha interpuesto un recurso de reposición y ha recurrido al auxilio del Consejo de Transparencia.
El conflicto de fondo reside en una instrucción posterior de la Oficina del Censo Electoral que buscaba endurecer los criterios de arraigo para los nacionalizados, obligándoles a justificar documentalmente su vinculación con el municipio elegido para votar. No obstante, esta medida se encuentra actualmente paralizada de forma cautelar por el Tribunal Supremo, tras las denuncias que alertaban de que la aplicación original de la ley podría alterar el equilibrio electoral en determinadas provincias de cara a los próximos comicios.
Desde el partido Valores subrayan que su labor inspectora busca verificar qué comprobaciones realizó la Administración y qué incidencias se detectaron durante el proceso de nacionalización masiva. La formación advierte de que, de mantenerse la negativa a facilitar la información solicitada, la Administración electoral deberá justificar jurídicamente la reserva de unos expedientes que consideran esenciales para garantizar la integridad del proceso democrático y la fiabilidad del censo del próximo 29 de noviembre.
