El Partido Popular solicita a la Comisión Europea protección para la jueza que investiga al hermano de Sánchez

La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha elevado una pregunta escrita a la Comisión Europea denunciando las «graves intimidaciones e interferencias» reportadas por la magistrada Beatriz Biedma. La jueza, instructora de la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, habría sido objeto de seguimientos y maniobras de presión en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa parlamentaria surge tras la comparecencia de la magistrada Biedma ante la Audiencia Nacional, donde detalló haber sido víctima de una estrategia de hostigamiento dirigida contra ella y su entorno familiar. Según la comunicación oficial remitida por Montserrat, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge testimonios sobre vigilancias y presuntos contactos con redes delictivas en los que se habría planteado la posibilidad de atentar contra la integridad de la instructora para interferir en el proceso judicial.

En su requerimiento, Montserrat insta al Ejecutivo comunitario a determinar si estos hechos son compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, así como con las garantías de independencia judicial que la Unión exige a sus Estados miembros. La eurodiputada ha subrayado que la protección de los jueces frente a intervenciones externas es un pilar fundamental del Estado de Derecho europeo y no debe estar sujeta a criterios de oportunidad política.

La representante del Partido Popular ha solicitado asimismo a la Comisión Europea que detalle qué mecanismos de protección ofrece el Derecho de la Unión frente a presiones sobre investigadores que dirigen causas que afectan a personas vinculadas al poder político. En este sentido, la pregunta busca que Bruselas adopte actuaciones concretas para verificar los hechos denunciados y evaluar si comprometen la autonomía del sistema judicial en España.

La magistrada Beatriz Biedma lidera la investigación sobre David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. Con esta acción ante las instituciones europeas, el Partido Popular pretende que los hechos denunciados sean integrados en los mecanismos de seguimiento de la Comisión Europea como garante de los tratados y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, Montserrat ha recordado que el TJUE establece que los jueces deben ejercer sus funciones con total autonomía, sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico ni recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo. Por ello, reclama que la Comisión Europea no se limite a la observación, sino que determine si España está cumpliendo con las obligaciones que imponen los Tratados en materia de integridad judicial.