El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’ para las elecciones del 29N
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la Abogacía del Estado, confirmando la suspensión cautelar que impide votar a los nacionalizados mediante la denominada ‘ley de nietos’ en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La resolución judicial establece que los ciudadanos que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán participar en los comicios, a excepción de aquellos que acrediten fehacientemente que sus antepasados sufrieron exilio.
El alto tribunal ha fundamentado su decisión en la prevalencia del interés general de preservar la «pureza del proceso electoral». Según recogen los autos dictados este lunes, el tribunal considera que asegurar la integridad y la certidumbre del censo debe anteponerse al derecho de sufragio de este colectivo en el contexto actual. Con esta medida, el Supremo ratifica la cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre, rechazando las alegaciones del Ejecutivo que buscaban revertir la suspensión.
Tras la notificación del fallo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su respaldo a la decisión judicial. A través de un comunicado en redes sociales, el líder de la oposición afirmó que el Tribunal Supremo ha puesto «límite a la irresponsabilidad del Gobierno» y ha destacado que el cumplimiento de las reglas es una premisa fundamental de la democracia. Feijóo incidió en que no deben existir incertidumbres sobre el censo electoral ante una cita con las urnas.
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha manifestado que el Estado de derecho se ha impuesto frente a las pretensiones del Ejecutivo. Tellado valoró la resolución como una garantía de neutralidad y rigor para los comicios generales, señalando que la estructura institucional del país ha funcionado para corregir las acciones de la administración central que, a su juicio, pretendían alterar el proceso normativo.
La decisión del Supremo supone un revés jurídico para la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, que defendía la plena incorporación de los nuevos nacionalizados al proceso electoral del 29N. No obstante, la justicia ha reiterado que, ante la proximidad de las elecciones, es imperativo evitar cualquier sombra de duda sobre la composición del censo de residentes ausentes y asegurar que los nuevos inscritos cumplan estrictamente con los requisitos de exilio contemplados en la excepción de la norma.
