El Gobierno defiende la cooperación con Marruecos tras la incursión en aguas de Ceuta ante las críticas por la falta de protesta formal
La gestión diplomática de la reciente incursión de Marruecos en aguas territoriales españolas en Ceuta ha suscitado un debate sobre la defensa de la soberanía nacional y la respuesta del Ejecutivo central. El Gobierno de España ha optado por no convocar a la embajadora del reino alauí para trasladar una protesta formal, una decisión que ha generado controversia entre diversos sectores políticos que demandan una posición de mayor firmeza ante Rabat.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a estos hechos de manera escueta, calificándolos como parte de unos «días difíciles». Desde el Ejecutivo se ha argumentado que Marruecos mantuvo una actitud colaborativa en las horas posteriores a los incidentes, lo que justificaría la política de distensión para evitar un agravamiento de la crisis bilateral. Según fuentes gubernamentales, la prioridad actual reside en consolidar la estabilidad en las relaciones con el país vecino.
No obstante, la ausencia de una convocatoria oficial a la representación diplomática marroquí ha sido señalada por críticos como una falta de precedentes en la gestión de la integridad territorial. Analistas de política exterior advierten que la falta de una respuesta protocolaria clara podría afectar la posición de España en futuras negociaciones fronterizas. La exigencia de transparencia y firmeza se ha convertido en el eje central de las demandas dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el marco de esta situación, han trascendido informaciones sobre los intentos de coordinación desde la Ciudad Autónoma de Ceuta. El presidente ceutí, Juan Vivas, habría intentado establecer contacto directo con el Palacio de la Moncloa en al menos diez ocasiones antes de que se produjeran las entradas masivas, evidenciando una desconexión en la comunicación institucional durante los momentos de mayor presión en el perímetro fronterizo.
Por su parte, el Gobierno insiste en que la colaboración marroquí es un elemento estratégico fundamental para la seguridad y el control migratorio. Esta postura sitúa la diplomacia de buena vecindad por encima de las medidas de protesta tradicionales, en un intento de mantener los acuerdos alcanzados en la nueva etapa de relaciones entre Madrid y Rabat, a pesar de los episodios de tensión en aguas jurisdiccionales.


