COVITE denuncia al Gobierno vasco por suspender el envío de resoluciones penitenciarias de presos de ETA a las asociaciones
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado públicamente la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de cesar la comunicación de las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones representativas de las víctimas. La organización considera esta medida un «ataque frontal» contra el derecho a la justicia y la transparencia en la gestión de las políticas de reinserción.
Según ha manifestado la asociación a través de un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha justificado este cambio de protocolo apelando a su obligación de informar directamente a las víctimas individuales, en cumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. No obstante, desde COVITE sostienen que la comunicación directa con los afectados no es incompatible con el mantenimiento de un canal informativo con las entidades que los representan legalmente.
Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo, ha señalado que el objetivo real de esta restricción es obstaculizar la fiscalización pública de la política penitenciaria en el País Vasco. COVITE interpreta la medida como una respuesta a sus reiteradas críticas sobre las concesiones de terceros grados y la aplicación del artículo 100.2 a reclusos que, a su juicio, no han mostrado un arrepentimiento fehaciente ni voluntad de colaboración con la justicia.
La organización ha calificado de «especialmente grave» que el Departamento de Justicia intente respaldar su decisión atribuyendo a las asociaciones supuestas filtraciones de datos protegidos o una gestión deficiente de la información hacia sus asociados. En este sentido, el colectivo ha exigido al Gobierno vasco que acredite con hechos concretos tales acusaciones o que las retire de inmediato, al considerar que se trata de un intento de desacreditar su función social.
Asimismo, COVITE ha reprochado al Ejecutivo autonómico que la notificación de este cambio de criterio no se haya realizado por los cauces institucionales previos, sino que el colectivo haya tenido conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación. Esta circunstancia ha sido calificada por la asociación como una muestra de «desprecio institucional» hacia las víctimas del terrorismo.
Finalmente, la entidad ha solicitado una rectificación inmediata al Departamento de Justicia y Derechos Humanos para restablecer el flujo informativo. Ordóñez ha advertido de que, a pesar de las restricciones impuestas, la organización continuará ejerciendo su labor de vigilancia y denuncia pública sobre cualquier resolución penitenciaria que consideren contraria a los derechos de las víctimas y a la legalidad vigente.
