El Partido Popular cifra en 130 los cargos vinculados a investigaciones judiciales tras la citación del exjuez Sáenz de Tejada
El Partido Popular ha elevado este lunes a 130 el número de personas vinculadas a procesos judiciales en el entorno del PSOE, tras conocerse la citación como investigado del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada. La formación de la oposición enmarca esta nueva diligencia en la instrucción de la trama conocida como ‘caso Leire Díez’, señalando un incremento en las causas que afectan a la formación que sustenta al Gobierno.
Según los informes remitidos por la Guardia Civil y recogidos por la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, Sáenz de Tejada se enfrenta a presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Las investigaciones apuntan a un presunto contacto con un clan relacionado con el narcotráfico con el propósito de interferir en la labor de la magistrada encargada del ‘caso David Sánchez’.
Fuentes de la dirección nacional del PP han criticado lo que consideran una estrategia del Ejecutivo para «tapar con cifras y balances» la situación judicial actual ante la proximidad de los procesos electorales. Desde la formación han subrayado que la gravedad de los tipos penales atribuidos en este último caso supone un hecho diferencial respecto a los 129 señalados anteriormente, incidiendo en que la gestión gubernamental no puede camuflar las investigaciones en curso.
La formación popular ha aprovechado esta nueva citación judicial para cuestionar la narrativa económica del Gobierno, contraponiendo los datos macroeconómicos presentados por el gabinete de Pedro Sánchez con la evolución de los sumarios judiciales. Para el PP, la situación de Luis Sáenz de Tejada refuerza su discurso de fiscalización sobre el entorno del Partido Socialista en las instituciones.
Esta denuncia se produce en un clima de alta tensión parlamentaria, donde la oposición ha intensificado su ofensiva contra el Ejecutivo central, vinculando de forma reiterada la gestión política con el desarrollo de las distintas causas judiciales abiertas. Hasta el momento, el Gobierno mantiene su defensa de la transparencia y la solvencia de su gestión frente a las acusaciones de la oposición.
