Puigdemont solicita al Tribunal Supremo el archivo definitivo de su causa en aplicación de la Ley de Amnistía

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha formalizado ante el Tribunal Supremo la solicitud para que se le aplique de manera inmediata la Ley de Amnistía. A través de un escrito de alegaciones, la defensa del dirigente catalán insta al magistrado instructor, Pablo Llarena, a decretar el sobreseimiento libre de la causa iniciada en 2017 y a dejar sin efecto las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión que aún figuran en el sistema judicial.

La petición se produce tras el reciente aval del Tribunal Constitucional, que determinó que el delito de malversación puede ser objeto de amnistía, despejando así el camino legal para los líderes del proceso independentista. En su escrito, la defensa de Puigdemont subraya que «no queda obstáculo alguno» para la aplicación de la norma, la cual, según sostiene el texto, busca la «normalización institucional, política y social en Cataluña».

El escrito remitido al Alto Tribunal enfatiza que la aplicación de la ley debe realizarse «sin más demora» para cumplir con la finalidad de la norma aprobada por las Cortes Generales. Esta acción legal coincide temporalmente con la absolución de Puigdemont por parte del Tribunal de Cuentas en un procedimiento paralelo, lo que refuerza la estrategia de su defensa para cerrar todos los frentes judiciales derivados de su gestión durante el referéndum de octubre de 2017.

El procedimiento solicitado requiere que el juez Llarena dicte un auto en el que declare que los hechos atribuidos al expresidente entran plenamente en el ámbito de aplicación de la amnistía. Una vez cumplido este trámite, el instructor deberá remitir la causa a la Sala de lo Penal para que esta decrete la extinción definitiva de la responsabilidad penal y el archivo del sumario, procediendo asimismo al alzamiento de cualquier medida cautelar vigente.

Con este movimiento, Carles Puigdemont busca poner fin a una situación procesal que se prolonga desde hace casi siete años. El Tribunal Supremo ha abierto un periodo de alegaciones para todas las partes implicadas, tras el cual deberá resolver si la interpretación de la ley, en conjunción con los criterios del Tribunal Constitucional, permite el archivo inmediato de las actuaciones contra el exmandatario y el resto de los líderes que se trasladaron fuera de España en 2017.