Conde-Pumpido afirma que una derogación de la amnistía sería simbólica al no poder «resucitar» la responsabilidad penal
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha sostenido este miércoles que una hipotética derogación de la Ley de Amnistía por parte de un futuro Gobierno tendría un carácter meramente «simbólico». Durante su intervención en el ‘Fórum La Vanguardia’, el magistrado ha subrayado que, una vez aplicada la norma, la responsabilidad penal queda extinguida y no puede ser recuperada mediante una legislación posterior con efectos retroactivos.
«La responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita. No puede resucitar una responsabilidad penal ya extinguida», ha puntualizado el presidente del órgano de garantías. Estas declaraciones se producen una semana después de que el Pleno del Constitucional avalara la constitucionalidad de la ley y en un contexto en el que el Tribunal Supremo debe decidir sobre su ejecución definitiva en las causas pendientes del proceso independentista.
En relación con la aplicación de la medida de gracia por parte del Tribunal Supremo, Conde-Pumpido ha estimado que el pronunciamiento podría producirse antes de Navidad. Según ha explicado, el Alto Tribunal ya ha dado traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo de cinco días, por lo que la decisión final es «cuestión de semanas». El magistrado ha señalado que la aplicación de la ley despejaría el camino para el regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Asimismo, el presidente del Constitucional ha avanzado que el recurso de amparo presentado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, será resuelto en el pleno del próximo martes. Conde-Pumpido ha anticipado que la resolución no debería deparar «sorpresas», ya que el tribunal prevé aplicar la doctrina fijada recientemente en el caso de la exconsellera Dolors Bassa.
Sobre las críticas y recursos presentados contra la labor del Tribunal Constitucional, el magistrado ha reconocido que las decisiones que afectan a los altos poderes del Estado suelen generar «cierta resistencia». No obstante, ha defendido la necesidad de aceptar los fallos del tribunal, desmarcando la labor jurisdiccional del debate político, en el que ha encuadrado las manifestaciones de figuras públicas contra la aplicación de la norma.
Finalmente, Conde-Pumpido se ha pronunciado sobre la «judicialización de la política» y ha abogado por una reforma profunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El presidente del TC ha sugerido modificar la normativa vigente, que ha calificado de «decimonónica», para limitar la capacidad de los partidos políticos de impulsar acciones penales, una medida que, según ha recordado, ha sido objeto de estudio por parte de diferentes gobiernos en legislaturas anteriores.
