Ábalos recurrirá ante el Tribunal Constitucional tras el rechazo del Supremo a la nulidad de su condena
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado este jueves su decisión de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta medida se produce tras la notificación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha desestimado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por su defensa contra la sentencia que le condena a 24 años de prisión por delitos relacionados con el denominado ‘caso mascarillas’.
La resolución del Alto Tribunal ratifica la condena impuesta el pasado 22 de junio, que atribuye al exdirigente delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Con el rechazo a la nulidad, Ábalos agota la vía jurisdiccional ordinaria, lo que motiva el inicio de la vía de garantías constitucionales al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales durante el proceso penal.
El argumento principal del exministro, quien se encuentra en prisión desde noviembre de 2025, se centra en el cuestionamiento de la competencia del Tribunal Supremo para juzgar su causa. Ábalos sostiene que, tras su dimisión como diputado y la consecuente pérdida de su condición de aforado, el tribunal debió inhibirse. Sin embargo, el Supremo mantiene el criterio de que la competencia queda fijada de manera definitiva en el momento en que se dicta el auto de apertura de juicio oral, con independencia de los cambios posteriores en la condición política del procesado.
A través de una comunicación pública, el exministro ha señalado que la interpretación del Alto Tribunal supone una vulneración del derecho a la doble instancia penal, un principio recogido en el ordenamiento jurídico español y reforzado por tratados internacionales y el derecho europeo. Ábalos critica que el tribunal ha procedido a lo que califica como la creación de una norma procesal de facto, alegando que se ha antepuesto un acuerdo de carácter procesal a derechos de rango constitucional.
En su argumentación, la defensa subraya que el tratamiento de derechos fundamentales requiere una base legislativa de carácter orgánico, reprochando al máximo órgano judicial lo que considera una confusión entre la aplicación de la ley y la potestad legislativa. Con la formalización del recurso ante el Tribunal Constitucional, se abre un nuevo periodo jurídico en el que se deberá dirimir si el procedimiento seguido respetó las garantías esenciales del encausado.
El ‘caso mascarillas’, que culminó con penas de larga duración tanto para Ábalos como para otros implicados como Koldo García, afronta así su etapa final en el ámbito nacional. El pronunciamiento de la corte de garantías determinará si el proceso de enjuiciamiento se ajustó a los preceptos constitucionales o si, por el contrario, procede la revisión parcial o total de las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha.
