El Sindicato de Inquilinas cuestiona la actividad inmobiliaria del entorno familiar de la portavoz del PSOE
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha emitido una crítica pública contra la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, a raíz de la actividad empresarial de su pareja, Sergi Vélez. La organización señala una presunta contradicción entre el discurso institucional de la formación sobre el acceso a la vivienda y la gestión de una cartera de al menos 30 inmuebles en alquiler por parte del entorno familiar de la diputada.
A través de sus canales oficiales, el sindicato ha cuestionado la coherencia de las políticas habitacionales defendidas por el grupo parlamentario, calificando la situación de «rentismo». Según la entidad, la dualidad entre la defensa de la vivienda como un derecho social y el mantenimiento de negocios inmobiliarios privados supone un conflicto de intereses discursivo. La organización ha vinculado esta denuncia con la movilización social y la huelga general de alquileres prevista para el próximo 11 de noviembre.
La controversia incluye referencias a proyectos previos liderados por Vélez, entre los que destaca la promoción gestionada a través de la sociedad Aiguacel Costa Brava SL. Dicha iniciativa contemplaba la construcción de 33 chalés de lujo en el municipio de Palafrugell, Gerona, en una zona de alto valor paisajístico. El proyecto fue objeto de escrutinio público y administrativo tras la tala de masa forestal que, según informes municipales y de colectivos ecologistas, se habría iniciado sin contar con las autorizaciones pertinentes en su momento.
Por su parte, Montse Mínguez ha defendido la legalidad de las actividades económicas de su pareja. La portavoz parlamentaria ha subrayado que se trata de una empresa de carácter familiar que opera bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda y urbanismo. Asimismo, Mínguez ha calificado las críticas de la organización de inquilinos como un «ataque personal» y ha incidido en que la actividad profesional de su entorno privado no interfiere en su compromiso político ni en el programa de su formación.
Este episodio se produce en un contexto de creciente presión social sobre el mercado inmobiliario y el debate parlamentario sobre la eficacia de la Ley de Vivienda. Mientras los sindicatos de inquilinos exigen medidas más restrictivas contra la acumulación de propiedad, los sectores señalados defienden la legitimidad de la inversión inmobiliaria privada dentro de los cauces legales establecidos por el Estado de derecho.
