Un juzgado de Madrid investiga las filtraciones del caso que afecta al expresidente Zapatero
La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, la magistrada Margarita Valcarce, ha incoado diligencias previas para investigar el origen de las filtraciones del sumario relacionado con el caso Plus Ultra. En esta causa, que se instruye en la Audiencia Nacional, se analiza la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias por parte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La magistrada ha ordenado a la Policía Judicial adscrita a su juzgado la elaboración de un informe detallado sobre la difusión de datos reservados de la investigación. Esta decisión judicial responde a la petición realizada el pasado mes de junio por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien instó a los juzgados de instrucción ordinarios a identificar a los responsables de las revelaciones al carecer de competencias para investigar tales hechos de forma directa.
El juez Calama, instructor de la causa principal, advirtió en un auto previo sobre la «gravedad de los hechos» y su posible encaje en tipos penales referidos a la revelación de actuaciones declaradas reservadas. Según el magistrado, desde el momento en que se facilitó el acceso a la causa a las partes personadas, se produjo una difusión «constante e inmediata» de información confidencial a diversos medios de comunicación.
Entre el material filtrado destaca un informe policial reciente vinculado a la figura del expresidente Zapatero, así como el contenido de sus agendas personales y el volcado de datos del teléfono móvil de su secretaria. El instructor de la Audiencia Nacional subrayó que esta información fue publicada de manera «indiscriminada», a pesar de contener datos personales incompatibles con su difusión pública según los protocolos de reserva procesal.
Desde el punto de vista jurídico, las pesquisas se centran en determinar si estas actuaciones constituyen una vulneración del deber de reserva inherente al secreto externo de las actuaciones. Los hechos podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 417 y 466 del Código Penal, que sancionan la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos o de actuaciones procesales declaradas reservadas, respectivamente.
La apertura de esta investigación busca delimitar no solo las posibles responsabilidades penales, sino también las disciplinarias o profesionales que pudieran derivarse de la ruptura de la cadena de custodia de la información judicial en un caso de alta relevancia institucional.
