El Partido Popular y Vox han formalizado este miércoles la presentación de una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras la judicialización de varias denuncias por presuntas agresiones sexuales. La iniciativa cuenta con el respaldo de 12 de los 15 concejales del grupo municipal popular y los cuatro representantes de Vox, superando la mayoría absoluta necesaria para desplazar al regidor, quien ostenta el cargo desde el año 2011.
La moción, que se sustanciará en un pleno extraordinario en el plazo de diez días, se produce en un contexto de ruptura definitiva entre Landaluce y la formación que lideró durante décadas. El alcalde ya había abandonado el Partido Popular y su escaño en el Senado en diciembre de 2025 tras las primeras acusaciones, aunque se había mantenido al frente del consistorio como edil no adscrito, rechazando las reiteradas peticiones de dimisión solicitadas por la dirección provincial.
El detonante definitivo de la operación política ha sido la presentación de dos denuncias formales ante el Tribunal Supremo. La primera de ellas, trascendida el pasado 8 de octubre, refiere a dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en diciembre de 2020 en un centro médico. A este testimonio se sumó una segunda denuncia de una persona vinculada al ámbito municipal, quien recibió el compromiso de asistencia jurídica por parte del presidente del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, tras exponer su caso ante la dirección del partido.
La dirección provincial del PP, con el aval de las estructuras regional y nacional, lanzó un ultimátum a sus concejales el pasado lunes, instándoles a elegir entre la continuidad de Landaluce o la disciplina de partido. Tras la negativa del alcalde a abandonar el cargo de forma voluntaria para defenderse fuera de las instituciones, la mayoría de los concejales populares optó por activar la maquinaria de la censura junto a Vox para garantizar la gobernabilidad y la integridad institucional del Ayuntamiento.
Los antecedentes de esta crisis se remontan a octubre de 2024, cuando la filtración de mensajes internos de WhatsApp entre concejalas alertó sobre supuestas «conductas impropias» del regidor. Si bien una denuncia inicial del PSOE fue archivada por el Tribunal Supremo en enero de este año, la aparición de nuevos testimonios directos y la decisión de las afectadas de acudir personalmente a los tribunales ha modificado el escenario político y judicial.
Desde el Partido Popular de Cádiz han manifestado que la prioridad actual es el respaldo a las víctimas, asumiendo que la resolución de esta situación en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre es «lo correcto», independientemente del posible impacto electoral. Asimismo, la formación ha descartado que esta crisis municipal tenga réplicas inmediatas en otras instituciones como la Diputación de Cádiz o el Parlamento de Andalucía, donde los representantes vinculados a la zona mantienen su alineación con la dirección del partido.
