La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra denuncia actos de hostigamiento contra la acampada por la vivienda en Vigo
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado este viernes la existencia de dos nuevos incidentes de acoso dirigidos contra el colectivo que mantiene una acampada reivindicativa en la Alameda de Vigo. Ante estos hechos, la autoridad gubernamental ha calificado la conducta de los manifestantes como «pacífica e irreprochable» y ha advertido de que la Policía Nacional intervendrá de forma inmediata ante cualquier futura agresión o intento de hostigamiento.
Según el informe remitido por la Subdelegación, los ataques se produjeron durante la madrugada de este viernes. El primero de ellos tuvo lugar alrededor de las 05:00 horas, cuando dos hombres y una mujer arrojaron petardos hacia el campamento. Dos horas más tarde, a las 07:00 horas, un individuo se aproximó a los activistas para proferir amenazas a gritos mientras portaba un palo. Estos sucesos se añaden a otros dos altercados de características similares registrados en días anteriores.
Losada ha subrayado que, desde el inicio de las movilizaciones por el derecho a la vivienda —primero en la ciudad de Pontevedra y posteriormente en Vigo—, no se ha recibido ningún parte policial que reporte comportamientos inapropiados por parte de los acampados. El subdelegado enfatizó que el grupo está ejerciendo su derecho fundamental de reunión, recogido en la Constitución Española, y que la actividad ha sido comunicada formalmente a la institución en tiempo y forma.
En su comparecencia ante los medios, el representante del Gobierno central ha exigido respeto hacia el colectivo y ha garantizado que la Administración actuará «sin titubeos» en caso de que los responsables de estos actos de acoso sean identificados. Según ha precisado, las medidas a tomar podrían derivar en sanciones administrativas o en acciones por la vía penal, dependiendo de la gravedad de los hechos detectados por las fuerzas de seguridad.
Con esta declaración institucional, la Subdelegación del Gobierno busca blindar el ejercicio del derecho de protesta pacífica en la vía pública frente a conductas violentas o intimidatorias, asegurando que la vigilancia policial se mantendrá activa para evitar que se repitan episodios que comprometan la seguridad de los ciudadanos que participan en la movilización.
