Líderes europeos cuestionan la política migratoria de España en la cumbre de Bruselas

Los jefes de Gobierno de República Checa, Austria y Dinamarca han expresado este viernes su disconformidad con la gestión migratoria del Ejecutivo español durante el desarrollo del Consejo Europeo en Bruselas. Los mandatarios han advertido sobre las posibles repercusiones de las políticas de regularización en el marco común de la Unión Europea y han instado a la adopción de una estrategia más restrictiva para controlar los flujos de entrada irregulares.

El primer ministro checo, Andrej Babiš, ha manifestado una de las posturas más críticas al señalar que determinados modelos de acogida, citando expresamente el caso de España, podrían responder a objetivos de mantenimiento político interno. Babiš ha alertado de que su país está preparado para reforzar la vigilancia en sus fronteras nacionales con el fin de impedir el tránsito de inmigrantes procedentes de Estados de Europa occidental, subrayando que su administración priorizará la soberanía en la concesión de permisos de residencia y trabajo.

Asimismo, el dirigente checo ha abogado por intensificar la lucha contra las redes de tráfico de personas mediante la confiscación de recursos financieros y la destrucción de embarcaciones logísticas. A pesar de reconocer una tendencia a la baja en las estadísticas generales de entradas en la Unión Europea, el mandatario ha insistido en la necesidad de emitir un mensaje de firmeza institucional para desincentivar la inmigración irregular.

Por su parte, el canciller austríaco, Christian Stocker, ha calificado la política de regularización de inmigrantes como una «mala señal» en el contexto actual de la Unión. Stocker ha sugerido que este tipo de decisiones administrativas podrían haber contribuido a agravar crisis migratorias fronterizas, como la sucedida recientemente en Ceuta. El canciller ha respaldado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para habilitar mecanismos que permitan a los Estados miembros suspender temporalmente el trámite de solicitudes de asilo ante situaciones de presión extraordinaria.

En una línea similar, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha solicitado a la Comisión Europea un examen detallado de las consecuencias que tienen las medidas unilaterales de regularización sobre la política migratoria conjunta. Frederiksen ha cuestionado si la concesión de permisos de estancia a quienes acceden de forma irregular al territorio comunitario es compatible con los acuerdos alcanzados por los veintisiete socios.

Finalmente, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha incidido en la necesidad de aplicar de forma rigurosa el Reglamento de Dublín, que establece las responsabilidades de cada país en la tramitación de asilo. Jetten ha confirmado que su Gobierno trabaja junto a otros socios europeos en el desarrollo de centros de retorno situados fuera de las fronteras de la Unión, una iniciativa que espera concretar en las próximas reuniones ministeriales de noviembre. Estas declaraciones preceden al debate formal del Consejo Europeo, marcado por la creciente demanda de una veintena de países por endurecer los protocolos de expulsión y control fronterizo.