Feijóo denuncia deficiencias en la gestión del cuartel de la Guardia Civil en Toledo tras el desalojo de 75 familias
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la gestión del Gobierno central respecto a las infraestructuras de seguridad en Toledo. El líder de la oposición ha calificado como un «desahucio» el desalojo de 75 familias de la Guardia Civil el pasado año, debido al estado de las obras y la falta de avances en la construcción de una nueva comandancia para la capital de Castilla-La Mancha.
Durante una visita institucional a las instalaciones de la Benemérita, acompañado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, Feijóo señaló que la situación actual es consecuencia de una cadena de compromisos incumplidos que se remontan a 2019. Según el dirigente popular, el Ejecutivo ha perdido la capacidad de ofrecer lecciones en materia de vivienda tras no haber garantizado el alojamiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El presidente de los populares detalló que el proyecto de las nuevas instalaciones ha pasado por diversas fases de bloqueo técnico. En su comparecencia, recordó que la primera parcela propuesta para el nuevo cuartel fue descartada por inviabilidad medioambiental, mientras que una segunda ubicación posterior resultó igualmente fallida por motivos urbanísticos. Esta falta de planificación, según Feijóo, ha derivado en el desalojo de las familias residentes en 2025 sin una alternativa consolidada.
Asimismo, Feijóo denunció un presunto uso electoralista de estas infraestructuras, afirmando que los anuncios de las autoridades locales y nacionales sobre el nuevo cuartel han coincidido sistemáticamente con periodos de comicios desde hace seis años. El líder del PP insistió en que la falta de una sede operativa adecuada afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo de los agentes destinados en la provincia.
La jornada en Toledo se encuadra en la estrategia de supervisión territorial del Partido Popular, que busca poner de relieve las carencias en la inversión estatal en infraestructuras básicas. Desde la formación subrayan la necesidad de dotar de seguridad jurídica y técnica a los proyectos de edificación pública para evitar situaciones de precariedad habitacional en el seno de la Guardia Civil.
