El Gobierno descarta un contagio de las protestas violentas de Francia y apela al modelo de diálogo social

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Ejecutivo no teme que los episodios de violencia registrados recientemente en Francia se trasladen a territorio español. El titular de Exteriores fundamentó esta posición en la existencia de un clima de «paz social» y en la metodología de consenso empleada para sacar adelante las principales reformas legislativas de la legislatura.

En una intervención pública recogida por los medios, Albares calificó los disturbios en el país vecino como una «violencia insoportable y totalmente condenable». No obstante, el ministro subrayó la necesidad de distinguir entre los actos vandálicos de grupos minoritarios y el «legítimo derecho a ejercer la manifestación y la huelga» por parte de la mayoría de la ciudadanía francesa.

Desde la perspectiva institucional, el Gobierno sostiene que la estabilidad en España es el resultado directo de la concertación con los agentes sociales. Albares recordó que medidas de calado, como el incremento histórico de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el aumento de las partidas para becas y servicios públicos, se han articulado a través de mesas de diálogo con sindicatos y patronal.

«Todo se ha hecho siempre con paz social, a través del diálogo, como le gusta a este Gobierno progresista», señaló el ministro. Según su análisis, este espíritu de acuerdo ha permitido no solo evitar conflictos de orden público, sino también posicionar a España con uno de los índices de crecimiento económico más destacados dentro del contexto europeo y de las economías avanzadas.

Finalmente, el jefe de la diplomacia española contrapuso la situación exterior con las movilizaciones ocurridas recientemente en España en defensa de la sanidad pública o el acceso a la vivienda. Albares destacó que estas protestas, a pesar de su magnitud y participación masiva, se han desarrollado de manera «totalmente pacífica», reafirmando que la ciudadanía española canaliza sus reivindicaciones mediante el ejercicio constitucional y democrático de sus derechos.