Quince años del cese de ETA: la situación de los crímenes sin resolver y la política penitenciaria marcan el aniversario
Este martes se cumplen quince años desde el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de la organización terrorista ETA, un hito alcanzado el 20 de octubre de 2011. Mientras que las instituciones del Estado han reivindicado históricamente este hecho como una victoria del Estado de derecho sin concesiones políticas, diversas asociaciones de víctimas del terrorismo señalan que el fin de la banda ha dado paso a un escenario de impunidad judicial y beneficios penitenciarios para los condenados.
El anuncio original, protagonizado por David Pla, Izaskun Lesaka e Iratxe Sorzabal, fue recibido en su momento con optimismo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por la oposición liderada por Mariano Rajoy. Sin embargo, una década y media después, el balance judicial arroja cifras que generan preocupación en los colectivos de víctimas: según estimaciones de estas asociaciones, existen todavía 379 asesinatos de ETA sin resolver, carentes de una sentencia firme que identifique a sus autores materiales o intelectuales.
A la falta de resolución de estos casos se suma la prescripción legal de gran parte de los atentados cometidos durante las décadas de 1970 y 1980, lo que impide el procesamiento de sus responsables. Colectivos como Covite han manifestado que el final de la banda no fue el resultado exclusivo de la presión policial, sino que se optó por negociar las condiciones de su disolución, lo que a su juicio ha derivado en un proceso de rehabilitación política y blanqueamiento de la izquierda abertzale.
En el ámbito penitenciario, la situación cambió significativamente a partir de 2021, tras el acuerdo entre el Gobierno central y el PNV que permitió al Gobierno vasco asumir las competencias sobre la gestión de los centros penitenciarios en la comunidad autónoma. Este traspaso, unido al traslado de presos etarras a cárceles vascas por parte del Ministerio del Interior, ha coincidido con un incremento en las progresiones de grado y la aplicación de regímenes de semilibertad.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que estas concesiones de tercer grado se ejecutan, en ocasiones, de forma «fraudulenta». Según la organización, se dan por válidas peticiones de perdón o desvinculaciones de la banda que no reflejan un arrepentimiento explícito ni una colaboración real con la justicia para esclarecer los crímenes pendientes. «Las víctimas nunca hemos pedido venganza, hemos pedido justicia», subrayó Lucía Ruiz, presidenta de la AVT.
La controversia también se extiende al plano político y de seguridad. La inclusión de exmiembros de ETA en las listas electorales de EH Bildu para los próximos comicios del 29 de noviembre ha reactivado el debate sobre la posible ilegalización de la formación bajo la Ley de Partidos Políticos. Asimismo, las asociaciones muestran su inquietud por la persistencia de actos de enaltecimiento del terrorismo en el espacio público, para los cuales reclaman un régimen sancionador más estricto.
Finalmente, el aniversario coincide con recientes operaciones policiales que mantienen la alerta sobre posibles focos de radicalización. El pasado fin de semana, dos personas vinculadas a sectores disidentes de la izquierda abertzale fueron detenidas en Guipúzcoa. Según el Departamento de Seguridad del País Vasco, los arrestados poseían información sobre fuerzas de seguridad y explosivos, lo que evidencia la persistencia de sectores minoritarios que aún cuestionan el final de la vía armada.
