La Ertzaintza pone a disposición judicial a dos detenidos por presunto terrorismo en Irún

Los dos jóvenes detenidos el pasado sábado en la Comisaría de la Ertzaintza de Irún, acusados de delitos de terrorismo, pasarán previsiblemente este martes a disposición de la Audiencia Nacional. Los arrestados, identificados como Aratz B., de 34 años, y Malen G., de 20, están vinculados al grupo Jardun, una organización disidente de la izquierda abertzale. La investigación sostiene que los sospechosos habrían fijado como objetivo a un miembro de la Guardia Civil destinado en el País Vasco.

Las pesquisas desarrolladas por la Oficina Central de Inteligencia de la policía autonómica vasca indican la existencia de al menos dos presuntos depósitos o «zulos» donde los detenidos podrían haber ocultado armas y explosivos. Durante las actuaciones, los agentes han incautado diversos dispositivos USB con información encriptada, así como una base de datos que contenía información sensible sobre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en la región.

El origen de las detenciones se remonta al pasado 26 de septiembre, cuando los sospechosos fueron identificados en un control de alcoholemia en Escoriaza, Guipúzcoa. En aquel momento, los agentes detectaron que los individuos portaban localizaciones GPS de posibles escondites de armamento y antecedentes previos en otras policías europeas. Sin embargo, no fueron arrestados hasta este sábado, cuando se presentaron voluntariamente en las dependencias policiales acompañados de sus representantes legales.

La investigación también se centra en un tercer implicado de origen irlandés, identificado como Naoise C., quien se encuentra actualmente en paradero desconocido. Fuentes de la investigación vinculan a este individuo con el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA) y señalan que las autoridades francesas ya habían detectado sus desplazamientos periódicos hacia el territorio vasco.

El caso ha generado malestar institucional en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según fuentes policiales, la Ertzaintza no comunicó de manera inmediata el hallazgo de la información sensible sobre los agentes a los demás cuerpos de seguridad, a pesar de que estos últimos ostentan competencias nacionales en materia antiterrorista. Esta falta de coordinación inicial ha sido objeto de críticas debido al riesgo potencial que la situación implicaba para los efectivos señalados en la base de datos de los detenidos.

Por su parte, la organización Jardun ha emitido un comunicado desvinculándose de los arrestados, asegurando que no mantienen relación alguna con su coordinadora y calificando el operativo como una «campaña de criminalización». No obstante, la entidad ha manifestado su solidaridad con las familias de los implicados. Fuentes de la investigación matizan que, a pesar de los indicios, los detenidos podrían carecer de la infraestructura necesaria para llevar a cabo acciones terroristas de forma inmediata.

Este procedimiento supone la primera detención por terrorismo efectuada por la Ertzaintza desde el cese definitivo de la actividad armada de ETA. El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, dirigido por Bingen Zupiria, ha mantenido la reserva sobre los detalles operativos mientras continúa el análisis de los materiales incautados y la búsqueda del ciudadano irlandés vinculado a la causa.