Las fuerzas de seguridad advierten de la actividad de facciones disidentes tras las detenciones de Irún
La reciente detención en Irún de dos personas vinculadas a la organización Jardun ha reactivado las alertas de los Servicios de Información de la Guardia Civil sobre la existencia de núcleos disidentes de la izquierda abertzale. Estos grupos, que se han desmarcado de la línea oficial de Sortu y del Colectivo de Presos de ETA (EPPK), mantienen un discurso que aboga por la recuperación de «todas las formas de lucha», cuestionando el fin de la actividad armada que el Gobierno central dio por clausurada de forma definitiva hace años.
Los arrestados, Aratz Bilbao y Malen Grünig, se presentaron voluntariamente en dependencias policiales tras haber sido identificados previamente en un control de tráfico en Escoriaza. Según fuentes de la investigación, en el momento de la identificación inicial, la Ertzaintza habría hallado en su poder información sensible relativa a agentes de diversos cuerpos policiales —Guardia Civil, Policía Nacional y la propia policía autonómica vasca—, además de datos sobre la posible ubicación de un zulo con material explosivo, extremo que aún se encuentra bajo investigación.
Este escenario coincide con las tesis mantenidas por la Guardia Civil en diversos informes remitidos a la Audiencia Nacional. En dichos documentos, los expertos antiterroristas señalan que, aunque la organización terrorista ETA está inactiva, persisten «brasas» ideológicas y operativas en sectores que rechazan la estrategia institucional. Estas plataformas disidentes han ganado presencia desde el año 2020, coincidiendo temporalmente con declaraciones del Ejecutivo que daban por extinguida cualquier amenaza residual de esta naturaleza.
El informe técnico elaborado para la Audiencia Nacional identifica a organizaciones como Jardun, Tinko, Jarqui y el Comité de Solidaridad de Vitoria (GEK) como los principales exponentes de esta escisión. Según los analistas, estos colectivos defienden la «legitimidad de cualquier tipo de lucha» para alcanzar sus objetivos políticos y han recuperado lemas históricos de la banda terrorista, como el uso de la expresión «Jotake» o la reivindicación de la amnistía total, desmarcándose de los beneficios penitenciarios negociados por la línea oficial.
La preocupación de las fuerzas de seguridad se extiende también a la presencia de antiguos militantes del Movimiento Pro-Amnistía y Contra la Represión (MPACR), conocidos como ATA, dentro de estas estructuras. A este sector se le vincula con la desaparición de un lote de 60 armas cortas y explosivos en Francia durante el proceso de desarme de ETA, un material que, según las sospechas policiales, podría haber sido desviado por sectores contrarios a la entrega de armas.
Uno de los referentes de esta corriente más radical es Iñaki Bilbao Goikoetxea, alias ‘Txikito’, quien fue expulsado del colectivo oficial de presos tras manifestar su oposición frontal a la estrategia de Arnaldo Otegi. Desde prisión, Bilbao ha difundido textos donde aboga por la continuidad del conflicto, llegando a ser condenado nuevamente por amenazas a jueces de la Audiencia Nacional y por la autoría de manifiestos que sostienen que la resolución del conflicto pasa por el mantenimiento de la confrontación.
Finalmente, la investigación también pone el foco en las conexiones internacionales de estas facciones. En la identificación de Escoriaza se encontraba un ciudadano vinculado al partido republicano irlandés Saoradh, grupo que recientemente remitió mensajes de solidaridad a Jardun con motivo del ‘Gudari Eguna’. Esta alianza internacional, bajo el lema «Tiocfaidh ár lá» (Nuestro día llegará), refuerza la tesis de los servicios de inteligencia sobre la voluntad de estos grupos de mantener viva la estructura de movilización y resistencia fuera de los cauces democráticos.
