El Gobierno de España mantuvo bajo reserva durante dos meses una serie de incursiones realizadas por buques de la Marina Real de Marruecos en aguas de soberanía española circundantes a la ciudad autónoma de Ceuta. Los hechos, que coinciden cronológicamente con la crisis migratoria y diplomática ocurrida a finales de julio, han trascendido tras la publicación de informaciones que cuestionan el cumplimiento de las normativas internacionales de navegación por parte de las unidades navales del país vecino.
Según los análisis técnicos derivados del incidente, la presencia de fragatas marroquíes en el mar territorial español podría haber vulnerado el principio de «paso inocente» regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Este tratado, del que tanto España como Marruecos son signatarios, permite a los buques de guerra extranjeros atravesar aguas territoriales siempre que el tránsito sea rápido, ininterrumpido y no suponga una amenaza o actividad ajena al mero desplazamiento.
La controversia se centra en la naturaleza de los movimientos de la Marina Real marroquí. Expertos en seguridad internacional señalan que una permanencia prolongada o injustificada en la zona despoja al tránsito de su carácter «inocente», según lo estipulado en el artículo 19 de la citada Convención. En este sentido, la falta de detalles oficiales sobre las maniobras exactas y la ausencia de material gráfico institucional han dificultado la evaluación técnica de si estas incursiones constituyeron una actividad de recopilación de información o una maniobra de presión diplomática.
El contexto jurídico se ve agravado por el diferendo histórico sobre la delimitación de los espacios marítimos. Mientras que España reclama el derecho general de 12 millas náuticas de mar territorial para Ceuta, Melilla y los peñones de soberanía, Marruecos evita el reconocimiento bilateral de estas líneas equidistantes. La posición de Rabat, que considera estas plazas como vestigios coloniales, impide la consolidación de un marco de fronteras marítimas acordado, facilitando situaciones de ambigüedad legal en la navegación.
Desde el ámbito institucional, se ha cuestionado la gestión informativa del Ejecutivo central. La revelación de los hechos por medios de comunicación antes que por los canales de transparencia oficial ha generado un debate sobre la idoneidad de ocultar incidentes de esta naturaleza en momentos de alta sensibilidad bilateral. El Gobierno ha justificado anteriormente la discreción en las relaciones con Marruecos como una herramienta para la desescalada de tensiones en la zona del Estrecho.
Finalmente, el análisis de las capacidades navales sugiere que, aunque estas incursiones no representaron una amenaza militar directa para la Armada Española, su ejecución durante una crisis fronteriza en tierra firme añade un componente de imprudencia diplomática. La situación actual queda a la espera de una posible comparecencia parlamentaria donde se aclaren los protocolos de actuación seguidos por las fuerzas navales españolas ante la presencia de los buques extranjeros en aguas jurisdiccionales.
