La Audiencia Nacional investiga documentos sobre una presunta estrategia para desacreditar al fiscal Grinda ante Junts
La documentación intervenida en el marco de un sumario de la Audiencia Nacional ha revelado la existencia de una presunta estrategia para trasladar información comprometedora, calificada de falsa por las fuentes judiciales, sobre el fiscal Anticorrupción José Grinda a la formación Junts per Catalunya. El objetivo de esta maniobra, según se desprende de los informes, habría sido neutralizar las investigaciones judiciales que afectan a altos cargos de la Generalitat y a figuras del entorno de Carles Puigdemont, con el fin último de facilitar la estabilidad parlamentaria del Gobierno.
El documento bajo custodia judicial, un borrador de 44 páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, detalla un plan para socavar la credibilidad y la honorabilidad de Grinda mediante acusaciones de carácter personal y familiar sin soporte documental. El fiscal, que actualmente desempeña labores en un proyecto de cooperación de la Unión Europea en Bolivia, ha sido el responsable de dirigir causas de gran relevancia política, tales como el caso 3%, la investigación sobre la familia Pujol y el expediente de Aigües de Girona, que afecta a la gestión de Puigdemont en su etapa como alcalde.
De acuerdo con las anotaciones incorporadas al sumario, existía una supuesta concertación para que Junts presentara denuncias contra el fiscal una vez recibida la información. En los manuscritos se lee explícitamente la intención de provocar la «caída de las causas» que lideraba Grinda. Para ello, los redactores del informe pretendían utilizar procesos judiciales previos relacionados con presuntas conductas irregulares del fiscal que ya habían sido archivados de forma definitiva con pronunciamientos favorables para él, intentando reactivarlos como herramienta de presión política.
La estrategia no solo buscaba proteger a dirigentes del nacionalismo catalán, sino que también mencionaba como beneficiarios colaterales a actores vinculados a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a exdirigentes venezolanos investigados por blanqueo de capitales. El informe señala que el descrédito del fiscal y de sus agentes de confianza en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permitiría a estos investigados interponer querellas por detención ilegal y otras irregularidades procesales, buscando la nulidad de las actuaciones.
Asimismo, los documentos intervenidos hacen hincapié en la supuesta relación del fiscal con la difusión de filtraciones a medios de comunicación, una narrativa que buscaba alimentar la tesis de una persecución política contra el independentismo. En este contexto, se incluían descalificaciones hacia otros altos cargos del Ministerio Fiscal y mandos de las fuerzas de seguridad que, en su momento, avalaron las investigaciones de Grinda.
La relevancia institucional de estos hallazgos ha cobrado fuerza tras observarse una coincidencia en la actividad parlamentaria. Durante las sesiones de la comisión de investigación sobre la denominada «Operación Cataluña» en el Congreso de los Diputados, tanto los representantes del grupo socialista como los de Junts han mantenido una línea de interrogatorio basada en los puntos contenidos en el documento intervenido. Este interés compartido en cuestionar la labor del fiscal Grinda es interpretado en los entornos judiciales como un indicio de la posible ejecución de la estrategia diseñada en los documentos ahora en poder de la Audiencia Nacional.
