El Gobierno celebra la aplicación íntegra de la amnistía a los líderes del ‘procés’ tras la decisión del Tribunal Supremo
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado este martes la satisfacción del Ejecutivo ante la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía de forma total a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva. Esta resolución judicial conlleva la extinción definitiva de la responsabilidad criminal y el levantamiento inmediato de las penas de inhabilitación que pesaban sobre los cuatro dirigentes independentistas, permitiendo su reincorporación a la vida política activa.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha defendido la plena constitucionalidad de la norma y su respeto al Derecho europeo. Según la ministra portavoz, el Gobierno «no puede sino celebrar» la aplicación de una ley que, bajo su criterio, busca fortalecer la convivencia y normalizar la situación política en Cataluña. La decisión del Alto Tribunal habilita legalmente a los afectados para concurrir como candidatos en futuros procesos electorales.
El auto de la Sala de lo Penal del Supremo se produce tras asumir la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó el amparo a la exconsellera Dolors Bassa. De este modo, el tribunal da cumplimiento a la extinción de las penas derivadas de la sentencia del ‘procés’, siguiendo la senda marcada por el magistrado Pablo Llarena, quien este lunes confirmó la anulación de la orden de detención nacional contra el expresident Carles Puigdemont.
No obstante, la resolución judicial no ha estado exenta de tensiones institucionales. En el texto del auto, el Tribunal Supremo ha expresado su discrepancia formal con el Tribunal Constitucional, calificando de «innecesaria grandilocuencia» la argumentación del órgano de garantías. Los magistrados del Supremo consideran que el razonamiento del Constitucional revela un deseo de «adornar un razonamiento invasivo» que interfiere en el ámbito jurisdiccional propio del Alto Tribunal.
Desde el Ejecutivo se ha evitado profundizar en el conflicto entre tribunales, centrando el mensaje oficial en la efectividad de la norma. Saiz ha reiterado que la ley de amnistía significa «más convivencia, mejor convivencia y mejor aplicación de las políticas para mejorar la vida de la ciudadanía». Con este movimiento judicial, se cierra uno de los capítulos procesales más significativos de la última década en el ámbito de la política nacional.
