SOS Rural y Ecología y Libertad exigen al Ayuntamiento de Lopera denegar las licencias para proyectos fotovoltaicos sobre olivar
La alianza formada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha solicitado formalmente a la alcaldesa de Lopera (Jaén), Carmen Torres, que no conceda las licencias de obra para cuatro proyectos de plantas fotovoltaicas vinculados a la empresa Greenalia. Según denuncian ambas organizaciones, la ejecución de estas infraestructuras supondría la tala de miles de olivos centenarios en plena producción. Además, sostienen que las actuaciones podrían constituir un único megaproyecto fraccionado artificialmente, lo que calificarían como un presunto fraude de ley.
La petición de las entidades surge como respuesta a la comunicación remitida por la alcaldía a los vecinos, en la que se anuncia una suspensión general de licencias urbanísticas tras la aprobación inicial de un Plan Especial de protección del olivar. Sin embargo, el Consistorio contempla excepciones para aquellos expedientes que se encuentran en fase avanzada de tramitación, situación en la que se hallan las plantas de Greenalia. La administración local justifica esta medida por el riesgo de tener que afrontar indemnizaciones millonarias que la empresa habría cifrado en más de 200 millones de euros.
Frente a este argumento, SOS Rural y Ecología y Libertad exigen que el Ayuntamiento publique los informes jurídicos y económicos que avalen dichas cuantías. Según el análisis de un informe emitido por la Diputación de Jaén, no existe actualmente una valoración económica detallada que permita cuantificar el perjuicio real para las arcas municipales. Las organizaciones reclaman que se evalúen con el mismo rigor los daños económicos, ambientales y sociales que derivarían de la pérdida definitiva del suelo agrícola productivo y del paisaje tradicional de la zona.
Asimismo, la alianza ha instado al Ayuntamiento a requerir a la promotora un plan de restauración integral que garantice la recuperación de la capacidad productiva de los terrenos una vez finalice la vida útil de las plantas o en caso de cese anticipado de la actividad. Entre las demandas se incluyen garantías económicas suficientes para el desmantelamiento de las instalaciones y documentación que acredite la viabilidad financiera de los proyectos ante el actual escenario del mercado energético.
Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, ha advertido sobre los riesgos para los agricultores que ya han firmado contratos y arrancado sus cultivos, señalando que podrían enfrentarse a suspensiones de pagos si la viabilidad de las empresas se ve comprometida. Por su parte, desde Ecología y Libertad alertan de que, si las instalaciones dejan de ser operativas antes de lo previsto o son anuladas judicialmente, el municipio podría quedar convertido en una «ciudad fantasma de hierros y cristal», trasladando al Ayuntamiento la responsabilidad subsidiaria del desmantelamiento.
Ambas organizaciones han subrayado que su postura no es de rechazo a las energías renovables, sino a su implantación sobre suelos de alto valor agronómico. Defienden, en cambio, la priorización de superficies degradadas o artificializadas para preservar la soberanía alimentaria. Finalmente, han anunciado que ejercerán acciones legales contra el Ayuntamiento de Lopera si se autorizan los proyectos, con el fin de evitar daños que consideran de difícil o imposible reparación sobre el patrimonio agrícola y el territorio.
