El Parlamento de Cataluña inicia la tramitación para fijar un salario mínimo de referencia autonómico
El Pleno del Parlamento de Cataluña ha acordado este miércoles iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por Junts per Catalunya que busca establecer un salario mínimo de referencia en la comunidad. La iniciativa, que propone situar este umbral en aproximadamente 1.400 euros mensuales, ha superado el debate de totalidad después de que el PSC-Units y Comuns decidieran retirar sus enmiendas de rechazo, permitiendo que el texto continúe su curso hacia la fase de comisión parlamentaria.
La propuesta ha prosperado con el voto favorable de la mayoría de la Cámara, incluyendo a Junts, PSC, ERC, Comuns y la CUP. Únicamente el Partido Popular y Vox han votado en contra, manteniendo sus enmiendas a la totalidad. El proyecto legislativo plantea que este salario de referencia sea de aplicación directa en la administración pública catalana y que, en el sector privado, se incorpore de manera progresiva a través de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Junts, Joan Canadell, ha argumentado que el elevado coste de la vida en Cataluña justifica una retribución superior a la fijada por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de carácter estatal. Canadell ha subrayado la necesidad de un «acuerdo de país» para implementar esta medida, reconociendo que la competencia exclusiva para fijar incrementos obligatorios recae en el Gobierno de España, lo que limita la capacidad de la Generalitat para imponerlo de forma universal en el sector privado.
Desde los grupos de la oposición, el Partido Popular ha cuestionado la utilidad de la norma. La diputada Míriam Casanova ha señalado que Cataluña debe centrarse en mejorar las cifras de absentismo laboral y las condiciones de las concesiones públicas en lugar de promover lo que ha calificado como un «salario escaparate». Por su parte, Javier Ramírez, diputado de Vox, ha criticado la propuesta por considerar que vulnera el marco constitucional y el Estatuto de los Trabajadores, advirtiendo de que la medida podría generar diferencias en los derechos laborales según el territorio.
Pese a permitir la tramitación de la ley, las formaciones que han apoyado el texto han condicionado su respaldo futuro a la introducción de modificaciones sustanciales. El grupo de ERC ha señalado la falta de seguridad jurídica del redactado actual y ha pedido evitar que la Generalitat deba asumir el coste de las subidas salariales mediante ayudas directas a empresas. En una línea similar, los Comuns han advertido que su voto no implica un aval al contenido, mientras que el PSC ha insistido en la importancia de trabajar la medida de la mano de los agentes sociales para que no quede en una mera declaración de intenciones.
El texto normativo también incluye la obligatoriedad de incorporar este salario de referencia como un criterio de adjudicación en la contratación pública de la Generalitat. Tras este trámite, el Parlamento abre ahora un periodo para la presentación de enmiendas al articulado, donde se espera que los grupos parlamentarios redefinan el alcance y la aplicación técnica de la ley antes de su aprobación definitiva.
